Lima.- Ante el aumento tarifario que realizará Telefónica S. A. A. (de S/ 6,50 en promedio) y que entrará en vigor desde el 1 de mayo, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante el alza de las tarifas de servicios públicos esenciales en el estado actual de la emergencia sanitaria que afronta el país. Asimismo, solicita a la empresa cumplir con su obligación de informar de manera adecuada a usuarias y usuarios, así como facilitarles la posibilidad de migrar de plan, suspender o dar de baja el servicio.
De la misma manera, la institución precisa que Telefónica S. A. A. debe dar cumplimiento a las normas especiales dictadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que la obligan a realizar dos notificaciones a usuarias y usuarios, con una anticipación de 30 y 10 días, con el detalle del alza y a través del mismo medio por el que remite el recibo de pago.
En relación a la obligación de la empresa de publicar todas las nuevas tarifas en el Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT), se reitera la recomendación de mejorar el diseño de dicho sistema, con opciones de búsqueda más sencillas para un fácil acceso de usuarias y usuarios.
Asimismo, en la revisión de algunas notificaciones recibidas por usuarias y usuarios se viene advirtiendo que la empresa no ha cumplido con la obligación de colocar las tres tarifas o planes comercializados con rentas mensuales inmediatamente menores a la del plan actual con que cuenta la persona y la descripción de sus características o atributos más relevantes.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo considera fundamental que los canales remotos de atención de Telefónica S. A. A. sean accesibles, teniendo en cuenta que ante el incremento de la tarifa, usuarias y usuarios pueden solicitar la migración, la suspensión temporal o la baja de su servicio.
En ese sentido, es preciso señalar que la línea telefónica 104 presenta problemas y demoras en la atención de la voz interactiva, asimismo finaliza la llamada de manera automática en el caso de tener en trámite un reporte por cualquier otro tema, dejando a usuarias y usuarios sin poder ser escuchados y transferidos con una persona que atienda sus solicitudes.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo manifiesta su compromiso de continuar supervisando la adecuada prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, de vital importancia para las comunicaciones, las videoconferencias y las actividades remotas, como la educación a distancia y el trabajo remoto, entre otras.