La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash demandó al Gobierno Regional el inicio inmediato de investigaciones, conforme a sus competencias, contra la gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, tras las denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales, donde se señala que dicha funcionaria habría sido vacunada contra el COVID-19 de manera irregular.
De acuerdo con las declaraciones formuladas por la propia titular de la Gerencia de Desarrollo Social, la primera dosis le fue aplicada al ser parte del personal administrativo de una clínica privada local con la vacuna del laboratorio de Sinopharm. Sin embargo, no concluyó el esquema completo al no recibir la segunda dosis, lo que podría haber disminuido la eficacia que ofrece la vacuna.
“El hecho ocurrió cuando la funcionaria pública ya había sido designada en el cargo de gerente regional de Desarrollo Social el 15 de febrero último, por lo que estaría contraviniendo lo establecido en el Código de Ética en la Función Pública; además, a la fecha aún se mantiene como personal administrativo activo de dicha clínica, lo cual vendría generando un posible conflicto de intereses”, sostuvo al respecto la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez.
Al dirigirse al gobernador regional de Áncash, Henry Borja, la representante de la Defensoría del Pueblo precisó también que toda o todo funcionario público debe actuar con rectitud y honradez. “No se debe usar el cargo para el interés, aprovechamiento o ventaja personal, de acuerdo al marco legal vigente”, sostuvo.