Se debe erradicar la tolerancia social hacia el hostigamiento sexual universitario

Lima.- La Defensoría del Pueblo resaltó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), haya acogido la recomendación de incluir preguntas relacionadas a la tolerancia social del hostigamiento sexual universitario en la próxima Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2021 (Enares). Esta información es clave para erradicar esta forma de violencia que afecta principalmente a las mujeres.

En efecto, en un informe publicado sobre el tema en el 2019, la Defensoría del Pueblo recomendó al INEI incorporar dichas preguntas en la Enares, especialmente las referidas a las diversas formas en las que se manifiesta el hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Cabe indicar que, en dicho informe, se resalta que el bajo porcentaje de sanciones efectivas es lo que desalienta la denuncia y acrecienta la tolerancia social de este problema.

En esa línea, resulta clave que el INEI haya manifestado su intención de incluir preguntas relacionadas justamente a dicha tolerancia, lo cual representa un avance para conocer su magnitud y seguir fortaleciendo las políticas públicas para su prevención, atención y erradicación. No obstante, debido a la pandemia por el COVID-19 y a la reducida presencialidad en los espacios educativos, han manifestado que la realización de la encuesta está en evaluación para el presente año, pero que de todas maneras aplicarán la recomendación defensorial.

Este avance se suma a los alcances de la modificatoria del reglamento de Ley 27942, que estableció nuevos criterios para el tratamiento de las denuncias por hostigamiento sexual universitario. Uno de los cambios esenciales es la sustitución del comité de intervención por una Secretaría de Instrucción y una Comisión Disciplinaria para estos actos, además de un Tribunal Disciplinario que revisará los casos en segunda y última instancia.

Asimismo, en dicha modificatoria, destaca que los miembros de estas instancias no deben registrar antecedentes policiales, penales y judiciales, ni sentencias o denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para ello, el Ministerio de Educación debe actualizar los lineamientos para la conformación de las mismas, además de que deben formular un modelo de “Acta de derechos de la persona denunciante”.

La Defensoría del Pueblo resalta estos importantes avances e insta a las instituciones competentes a destinar acciones para cumplir efectivamente con lo formulado en las políticas públicas. También, expresa el compromiso de seguir dándole seguimiento a dicho cumplimiento y a los casos que se presentasen en los cuales no se respete los derechos fundamentales de las víctimas.

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