A fin de dar mayor celeridad a la emisión de medidas de protección en favor de las mujeres y el grupo familiar víctimas de violencia, el Poder Judicial, que preside Elvia Barrios Alvarado, junto con la Policía, dispusieron el inicio de la tercera fase del proceso de implementación del sistema web interoperable entre comisarías y juzgados de familia, en los 34 distritos judiciales del país.

Al respecto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó el “Plan de Interoperabilidad entre el Poder Judicial y las Comisarías especializadas de Familia de la Policía Nacional del Perú” a nivel nacional, mediante la Resolución Administrativa Nº 000153-2021-CE-PJ.

En ese contexto, el juez supremo y presidente de la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial (CONAUJ), Carlos Arias Lazarte, en coordinación con la Policía Nacional, acordaron la ejecución, en la segunda semana de junio, de la tercera fase del proceso de implementación del sistema web interoperable entre comisarías y juzgados de familia en 34 distritos judiciales.

Esta fase, que abarca 1196 comisarías básicas y 257 juzgados de familia, se desarrollará de manera escalonada, correspondiendo el primer tramo (junio) a las cortes superiores de Callao y Ventanilla-Puente Piedra (9 juzgados y 25 comisarías básicas).

Las actividades planeadas en esta etapa comprenden dos acciones: la gestión técnica sobre el Sistema Informático Web y la gestión operativa que abarca la programación de capacitación del uso del sistema informático web y la asignación de las casillas electrónicas.

El sistema web interoperable busca constituirse en un instrumento que promueva un mecanismo de coordinación y articulación entre ambas entidades para, de manera célere y eficaz, lograr una respuesta inmediata frente a actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Cabe indicar, que esta iniciativa permite reducir la duración de estos procesos mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, facilitando el cumplimiento de los plazos señalados en la Decreto Legislativo 1470 en un plazo no mayor a 24 horas, como se ha demostrado en la Corte de Lima Norte donde se han dictado medidas de protección en menos de cuatro horas.