Pablo de la Flor: Existe cartera de proyectos de inversión en Minería trabados por US$ 60 mil millones

Lima.- El Perú cuenta con una cartera de proyectos de inversión en minería trabados por aproximadamente US$ 60 mil millones, que podrían salir de manera inmediata si se logra generar un entorno facilitador de la inversión privada y resolver dos grandes problemas: la conflictividad, por un lado, y la asfixiante “tramitocracia”, señaló Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), durante la presentación de los resultados del “Observatorio Regional de Impacto Social Minero – Arequipa”, organizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú, y auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann.

Manifestó que el Estado ha sido incapaz de gestionar coherentemente los recursos del canon y sobrecanon de las industrias minería e hidrocarburos. “El correlato de ese fracaso colectivo es esta ola de conflictividad que hoy se convierte en el principal elemento disuasivo de la inversión privada en minería y en el sector hidrocarburos”, expresó.

Explicó que a lo largo de la última década, se han transferido a los gobiernos subnacionales aproximadamente S/ 64 mil millones en regalias como producto del canon y sobrecanon minero e hidrocarburífero. Sin embargo, apenas se ha ejecutado el 65% de los presupuestos financiados por este importante traspase de recursos.

En el caso de Arequipa, De la Flor indicó que las cifras son incluso menores respecto a la ejecución de presupuestos, ya que en la última década habría llegado a tan solo el 55% de su ejecución.

Durante su presentación, Pablo de la Flor señaló que en el caso de Arequipa llama poderosamente la atención que no se haya tenido una mayor concentración de ejecución de obras en dos rubros que resultan vitales, como son la Educación y Salud. “Tenemos que revisar críticamente este mecanismo porque la evidencia nos indica de que no está funcionando, no está cumpliendo los propósitos para los cuales fue diseñado el mecanismo”, indicó.

Asimismo, resaltó que el mecanismo fue diseñado, precisamente, con el objeto de generar bienestar. “A través de la inversión pública ves el cierre de brechas en las regiones productoras; y eso no está ocurriendo”, señaló.

Si bien hahabido un avance importante en materia de provisión de servicios públicos, para De la Flor, ese avance resulta insuficiente. “Las comunidades que están en las inmediaciones de las operaciones mineras ven que estos recursos están disponibles y, sin embargo, no se sienten partícipes de ese bienestar”, expresó.

Esta percepción generaría una situación de conflicto según el director de la SNMPE. “La comunidad le exige a la empresa lo que debería estar exigiéndole al Estado; y el Estado, producto de esta precariedad institucional que venimos arrastrando, es incapaz de invertir estos recursos para el cierre de las brechas. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente muy importante”, agregó.

Por otro lado, señaló que la SNMPE ha trabajado una propuesta integral de reforma del canon. “Creemos que es importante romper esta tónica de la banalización del gasto y la fragmentación en función de nuevas reglas que nos permitan apalancar esos recursos para la ejecución de iniciativas de mayor envergadura, de alto impacto”, resaltó.

Fuad Khoury: “Ley de Canon tiene que sufrir una reingeniería”

Por su parte, el ex Contralor General de la República y presidente ejecutivo del Instituto Integridad y Gobernanza, Fuad Khoury, señalo que la Ley del Canon tiene que pasar por una reingeniería, con el propósito de mejorar su eficiencia y eficacia, ejecutando mecanismos de control que se aplican en el sector privado cuando una empresa de envergadura supervisa sus recursos.

Durante su ponencia en la presentación de resultados del Observatorio Regional de Impacto Social Minero- Arequipa, organizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) y la Fundación Friedrich Naumann, Khoury precisó que durante la vigencia de esta norma, el monto transferido supera los 100 mil millones de soles, sin embargo, la rentabilidad social que se ha generado ha sido muy baja o casi nula. “Tiene que haber predictibilidad hacia el futuro y también un trabajo de comunidades, no se puede seguir disparando el dinero de manera no rentable”, expresó.

Para Khoury, dicha ley se encuentra mal diseñada, pues a lo largo de los años, se realizó la transferencia de casi el 90% de las responsabilidades del gobierno central a los gobiernos regionales y municipales, sin ningún tipo de capacitación.

Asimismo, refirió que el manejo del canon demuestra el manejo del presupuesto nacional y que la Contraloría General de la República debería verificar el uso de estos recursos. “No existe una proporcionalidad e inteligencia en el uso de estos recursos y las autoridades realizan gastos innecesarios por no saber en qué invertir el dinero”, precisó.

Agregó que, si bien la Contraloría General debe actuar en el tema, un primer filtro es que el Ministerio de Economía y Finanzas no realiza ningún tipo de supervisión ni seguimiento, generando desconocimiento sobre si ese dinero fue realmente ejecutado, por lo cual existen más de 5 mil obras paralizadas en el país.