La Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem De La Rosa Bedriñana, propone ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la destitución de tres Jueces de Paz de la Corte Superior de Justicia de Puno, así como la suspensión de dos servidores judiciales de ese distrito judicial, al quedar acreditados faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
El primer caso se trata de Isabel Lourdes Núñez Soto, Jueza de Paz del Juzgado de Única Nominación del centro poblado de Santa María de Ayabacas, distrito de Juliaca, provincia de San Román, por no haber cumplido con devolver los bienes muebles e inmuebles, expedientes, libros de registros, textos que han sido cedidos en uso para el ejercicio de su función.
El segundo caso corresponde a Luis Gregorio Zapana Vela, Juez de Paz de Segunda Nominación del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, por redactar un acta y contrato de alquiler de bien mueble (camión) a partir de un manuscrito llevado a su despacho por una tercera persona, realizando funciones notariales cuando no le correspondía, y por dar fe de un acto que en la realidad nunca se llevó a cabo.
La tercera propuesta de destitución es para César Augusto Pineda Fernández, Juez de Paz Letrado de Investigación Preparatoria de la provincia de Carabaya-Macusani, por haber frustrado diligencias programadas y dilatado de manera injustificada el trámite de los procesos judiciales a su cargo, retardo que en algunos casos ha sido superior a dos años e, incluso reprogramado audiencias de manera injustificada y no haber emitido pronunciamiento respecto a requerimientos fiscales, entre otros.
En este caso, la OCMA sanciona al servidor Raúl René Veliz Aguilar (Especialista Judicial del citado juzgado) con cuatro meses de suspensión, por su negligente tramitación de los expedientes a su cargo y excesivo retraso para la instalación de audiencia preliminar y, al servidor Miguel Percy Turpo Cari (Especialista Judicial de Audiencias del despacho), con dos meses de suspensión por no haber elaborado los índices de registro de audiencias, ni redactar las resoluciones expedidas para entregarlas al especialista del juzgado dentro del plazo legal, ocasionado la frustración de audiencias programadas.
En el caso de los jueces, la Jefa de la OCMA dictó una medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, hasta que la instancia pertinente resuelva en definitiva su situación jurídica.
Lima, 22 de abril – 2021