La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) informa que las transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) son insuficientes, ya que apenas cubren el 17% de un déficit que supera los S/ 3 mil millones para este año. Esto ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo formales, el colapso de la cadena de pagos y un severo deterioro de la seguridad jurídica.
El MEF aprobó los Decretos Supremos N.º 249-2025-EF, autorizando la transferencia de S/ 317 millones para la ANIN; y el D.S. N.º 290-2025-EF, que dispone un desembolso adicional de S/ 203 millones para asegurar la continuidad de 22 proyectos prioritarios en los departamentos del norte del país, pero estos recursos resuelven poco el problema, evidenciando una respuesta indiferente a las necesidades de la población.
Lejos de restablecer la normalidad en el desarrollo de obras de impacto social, estas transferencias parciales prolongan la incertidumbre, mantienen la paralización de las obras públicas y postergan una solución que el país no puede seguir esperando.
Las consecuencias del déficit presupuestal de la ANIN conllevan al incumplimiento sistemático de pagos por parte del Estado, que ha desencadenado la pérdida de miles de empleos formales, el colapso de la cadena de pagos y un severo deterioro de la seguridad jurídica. Cuando el Estado deja de cumplir sus obligaciones, el daño se expande de manera inmediata: los contratistas quedan imposibilitados de pagar a subcontratistas y proveedores, la confianza se pierde y lo peor la población queda en grave riesgo.
La paralización de defensas ribereñas, colegios y hospitales expone a poblaciones enteras a riesgos evitables. El caso de las defensas ribereñas del río Motupe es particularmente alarmante: una obra destinada a proteger a más de 50 mil vidas permanece sin continuidad, dejando a comunidades enteras en una situación de vulnerabilidad inaceptable.
Frente a este escenario, la SNCI expresa su profunda preocupación e indignación y exhorta con carácter de urgencia al presidente de la República, a la ministra de Economía y Finanzas y al jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) a asumir la dimensión real del problema y a implementar de inmediato una estrategia integral, sostenible y verificable de financiamiento y pago de obligaciones pendientes, que permita garantizar la continuidad de las obras esenciales protegiendo el interés público.