Lima.- Fue publicado el Reglamento de Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el Sector Transportes. Esta norma establece obligaciones y derechos de los titulares de los proyectos, actividades o servicios de transportes a nivel nacional; y regula las funciones supervisión y control a cargo de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM).

Así, por ejemplo, una de las obligaciones de los titulares de proyectos, actividades o servicios de transportes es mantener en su poder toda la información vinculada a su actividad, proyecto y/o servicio en las instalaciones y lugares sujetos a supervisión ambiental por un plazo de cinco (05) años contados a partir de su emisión. Esta información deberá ser entregada al supervisor cuando éste la solicite. En caso de no contar con la información requerida, el supervisor le otorga un plazo para su remisión.

Asimismo, este reglamento regula los tipos de supervisión. Entre ellos resalta la supervisión orientativa, la cual tiene como objetivo la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables.

Por otro lado, se regula por primera vez, las acciones que se pueden realizar en el marco de un procedimiento administrativo sancionador y la aplicación de incentivos, en caso corresponda.

Este reglamento entrará en vigencia la quincena de octubre próximo. Con ello, queda derogada la resolución ministerial Nº 1056-2016-MTC/01.02, que aprobó el Protocolo de Supervisión y Fiscalización Ambiental del Sector Transportes del MTC.

Asimismo, se debe tener en cuenta que las acciones de supervisión ambiental a cargo del MTC que se encuentren en curso, se deben adecuar a las disposiciones de este nuevo reglamento sin retrotraer etapas ni suspender sus plazos.

Por último, dichas acciones fortalecen la institucionalidad en materia ambiental respecto a las acciones de fiscalización ambiental del sector transportes mediante la regulación de un procedimiento de supervisión ambiental y procedimiento administrativo sancionador, con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión ambiental del sector.