La Defensoría del Pueblo se dirigió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresando su preocupación por la proliferación de hechos delictivos a nivel nacional, hecho que origina un alto nivel de la percepción de inseguridad de la ciudadanía (82.3 %), según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Mediante un oficio dirigido por el Defensor del Pueblo a la presidenta de la PCM, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), se enfatizó sobre la necesidad de implementar medidas efectivas al respecto, más aún, teniendo en cuenta el proceso de reactivación económica en que se encuentra el país y la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo ha solicitado se convoque con urgencia a una sesión del Conasec, con el fin de abordar dicha problemática de forma integral y para dar continuidad a las medidas que fueron promovidas durante la anterior gestión gubernamental, como son la formulación de la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 y el proceso de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional.
Cabe señalar que el Conasec es la máxima instancia del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana creado por la Ley n.° 27933 está compuesta por entidades entidades públicas y privadas, como son los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Economía y Finanzas, así como a los titulares de la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Policía Nacional, Consejo Nacional Penitenciario, Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Asociación de Municipalidades del Perú, entre otros.
Pese a la importancia de su labor, la última de sus sesiones se llevó a cabo el 20 de julio de 2021; razón por la cual la Defensoría del Pueblo considera imprescindible que sea convocado a la brevedad, con el fin de emprender el proceso de aprobación de los planes de acción 2022 de los comités de seguridad ciudadana a nivel nacional y para fortalecer las estrategias y acciones que permitan potenciar las labores de inteligencia, patrullaje y reacción policial contra hechos delictivos que han venido presentándose con mayor frecuencia en el marco de la actual pandemia, como la violencia intrafamiliar y la ciberdelincuencia.
La institución reitera la necesidad de aprovechar la capacidad de organización y articulación que tiene la sociedad civil, especialmente en la prevención y para la vigilancia y control de las obligaciones y compromisos de los actores estatales involucrados en hacer frente a la criminalidad y otorgar protección y auxilio a la población, conforme al artículo 44 de la Constitución.
De otro lado, recientemente fue publicado el Decreto Supremo n.° 164-2021-PCM que aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021- 2026, señalando entre sus ejes y líneas de intervención, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las acciones preventivas, mejorando la articulación y acercamiento de la policía con la comunidad, y los mecanismos de coordinación entre las entidades rectoras en materia de combate del crimen organizado y la delincuencia común.
Ante ello y, en virtud de sus atribuciones constituciones de supervisión de los deberes la administración estatal, la Defensoría del Pueblo continuará vigilante de la ejecución de las políticas públicas que se vayan diseñando al respecto, con un enfoque de derechos humanos y en beneficio de la ciudadanía.