Lima.- Con la finalidad de garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad y asegurar su participación plena y efectiva en la toma de decisiones, de diversa índole, el Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo ha diseñado la Guía para la Implementación del Derecho a la Consulta de este sector de la población a nivel nacional, regional y local.
Si bien el derecho a la consulta de las personas con discapacidad se encuentra reconocido tanto a nivel internacional, mediante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; como a nivel nacional, en la Ley General de las Personas con Discapacidad y su reglamento, en la práctica, no se viene implementado este derecho de manera efectiva en el Perú, explicó Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Recordó que, en los procesos de consulta las personas con discapacidad deben participar e influir en la elaboración e implementación de normas, políticas o programas, sobre todo si estos afectan su situación jurídica o sus condiciones de vida de alguna manera. A pesar de ello, el Mecanismo ha tomado conocimiento de las continuas barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus organizaciones para participar en espacios de toma de decisiones.
La Defensoría del Pueblo han encontrado casos donde si bien se realizan convocatorias a algunas organizaciones de personas con discapacidad para la aprobación de alguna política o norma, estas acciones se suelen restringir a validar propuestas ya elaboradas, en lugar de priorizar el acceso oportuno a la información y la participación plena de la población con discapacidad. Sobre todo –dijo- en este contexto de pandemia, no se está tomando en cuenta las barreras de acceso a la tecnología, información y comunicación que enfrenta la población con discapacidad; así como, su falta de representación a nivel regional.
Pineda recordó que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, por lo que se deben incluir acciones que les permitan formar una opinión, tomar una posición, expresar dicha posición y discutirla, prestando particular atención a sus sugerencias y recomendaciones. Todo esto bajo los principios de accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia.
Además de establecer criterios específicos para los procesos de consulta, esta guía ofrece pautas y principios básicos que deberían regir todos los procesos de consulta para personas con discapacidad. También, se brindan orientaciones prácticas a los funcionarios y las funcionarias que garantizarán la consulta a las personas con discapacidad y/o cuyo trabajo se encuentre vinculado, directa o indirectamente, con la aprobación de medidas que pudieran afectar la situación de las personas con discapacidad.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás instituciones del Estado a tener presente esta guía para el desarrollo de los futuros proceso de consulta a personas con discapacidad.