Chimbote.- La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia aprobó, este miércoles 9, el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la creación de la zona franca en Chimbote.
El congresista Anthony Novoa Cruzado (AP), presidente de dicha comisión dictaminadora, aseveró que la propuesta tiene una especial relevancia en el contexto de la pandemia y el impacto de la emergencia sanitaria, circunstancias en las que se requiere generar mayor empleo e impulsar la inversión.
“La economía sustentada principalmente por la actividad pesquera requiere diversificarse sobre todo después de la pandemia para el impulso de actividades agroindustriales, de ensamblaje y de servicios”, dijo el legislador al tiempo de subrayar que las zonas francas siempre han demostrado ser un instrumento para la competitividad.
REACTIVACIÓN DE ZONAS ALTOANDINAS
Así también, la comisión aprobó, con 12 votos a favor, el dictamen recaído en los proyectos 5983 y 6011, que propone la Ley que promueve la reactivación económica y valor agregado en la producción de las zonas altoandinas
La proyectada norma precisa que están comprendidas las personas naturales, micro y pequeñas empresas cooperativas, empresas comunales y multicomunales que tengan su domicilio fiscal con centro de operaciones y centro de producción en las zonas geográficas andinas, ubicadas a partir de los 2500 m s. n. m.
Asimismo, las empresas en general que –cumpliendo con los requisitos de localización antes señalados– se instalen a partir de los 3200 m s. n. m. y se dediquen a piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes en general, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales, producción láctea, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y lana de ovinos y pieles de crianza, agroindustria, artesanía y textiles y servicios de turismo rural comunitario registrados en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
En otro acápite se precisa que las personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances de la presente ley gozan de las siguientes exoneraciones: impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría, tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo, el impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo; cuyos beneficios se aplicarían por tres años.
“La presente ley tiene por objeto establecer medidas de promoción fomento y reactivación de actividades económicas en zonas altoandinas para mejorar la empleabilidad, la competitividad y la generación de empleo productivo con la finalidad de luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias ubicadas en la referida zona”, señaló Novoa al tiempo de subrayar que la medida se hace necesaria en un contexto de emergencia sanitaria y su impacto en la economía. Además, dijo que apoyará mucho al Perú profundo, sobre todos a los que se dedican a la agricultura familiar.
DEVOLUCIÓN DE MONTOS SUSTRAÍDOS
En otro momento, fue aprobado el dictamen del PL 7020, que establece la devolución de los montos sustraídos de las cuentas de los clientes de las empresas que forman parte del sistema financiero, luego de la violación de sus sistemas de seguridad.
El objeto es que las empresas, que forman parte del sistema financiero, devuelvan los montos que fueron sustraídos de las cuentas de sus clientes sin la participación directa de sus clientes, toda vez que se ha evidenciado denuncias a este tipo de empresas que eluden de devolver el dinero sustraído.
El congresista Miguel Vivanco (FP), autor del referido proyecto de ley, indicó que este se promueve, porque se han recibido denuncias de cientos de personas que al querer retirar dinero de sus cuentas se dan cuenta que no tienen fondos, porque han sido sustraídos por delincuentes cibernéticos. Entonces, la empresa pide que ponga su denuncia y que informe a Indecopi, pero el cliente no tiene certeza que le van a devolver su dinero.
“Miles acudimos a los bancos a depositar y el cliente confía en el banco de que va a cuidar su dinero, en un banco sólido para resguardar el dinero y sobre todo responsable. Ante esta delincuencia cibernética y ante la desprotección se genera la necesidad de la protección jurídica para el cliente, porque no le han robado al cliente, sino al banco y es el banco el que debe responder”, sostuvo el legislador.
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Un amplio debate se generó en torno al PL 7630, que incorpora a los cigarrillos electrónicos al marco regulatorio del impuesto selectivo al consumo.
Participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y de la Asociación Peruana de Vapeadores.
Sebastián Tovar, en representación de cien mil vapeadores, señaló lo siguiente: “Hemos encontrado en los cigarrillos electrónicos una alternativa para reducir los daños del consumo de tabaco”.
Por el lado del Ministerio de Economía se advirtió que existe una creciente evidencia sobre los efectos adversos para la salud asociados a los SEAN/SSSN relacionados a enfermedades cardiovasculares y trastornos pulmonares, así como con la incidencia y sintomatología asociada a la COVID-19. Además, los líquidos que se usan presentan evidencia clara que comprenden sustancias cancerígenas y los que contienen nicotina son altamente adictivos, para los adolescentes, pues les genera dependencia.
Por el lado del Ministerio de Salud, la opinión fue a favor de gravar el referido producto.
Con respecto al daño que hace el consumo de los vaporizadores, Ricardo Burga (AP) preguntó si hay estudios sobre qué está matando más el tabaco o los vaporizadores, y cuál es el registro de muertes entre el tabaquismo y los vaporizadores.
“Creo que es irresponsable incrementar impuestos cuando estamos próximos al término del mandato de Sagasti”, agregó Burga, coincidiendo con él su colega Guillermo Aliaga (SP). “La medida puede ser interesante, pero no en el marco de este momento”, aseveró.
Novoa informó que el dictamen del referido proyecto de ley –que se encontraba en agenda para su debate y votación– será materia de un mayor análisis donde se considerarán los aportes del debate.
SUSTENTAN PROYECTO DE LEY
Finalmente, el congresista Fernando Meléndez Celis (APP) sustentó el Proyecto de Ley 07766/2020-CR, Ley de incentivos para el desarrollo de la acuicultura sostenible.
Se trata de una iniciativa que promueve la eficiencia y la competitividad del sector acuícola, lo que a corto y mediano plazo no solo permitirá la formalización de esta industria, sino el incremento de la recaudación nacional y de las exportaciones además de favorecer la mejora de los ingresos familiares en zonas rurales de costa, sierra y selva.
Además, promueve la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria a nivel nacional, la mejora de la calidad de los programas sociales alimentarios, desayunos escolares y otros y el fomento de la sostenibilidad entre otros diversos aspectos positivos para las políticas públicas, señaló el legislador.