A pesar de haber sido observado por el Ejecutivo, el Congreso insistiría esta semana en llevar a pleno el proyecto de Ley de rotulado de fármacos, el cual viola el principio de legalidad, al no tomar en consideración los efectos jurídicos de dicha disposición, convirtiéndose en una práctica restrictiva al comercio.
La observación del Ejecutivo advierte también que el proyecto de norma generaría barreras de acceso innecesarias, incrementando los costos de los medicamentos en perjuicio de consumidores y pacientes.
Resulta extraño que, a pesar de haber sido observado por el Ejecutivo, la Comisión de Salud insista en aprobar esta norma por insistencia, poniendo en evidencia un lobby de importadores de genéricos y un silencio cómplice de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
De ser aprobada la norma, no solo generaría un incremento de precios, sino que podría generar también el desabastecimiento de algunos medicamentos que no pueden ser manipulados localmente, por lo que no se podría cumplir con los plazos de adecuación de rotulado.
El proyecto de Ley sobre rotulado de medicamentos no sustenta por qué es beneficioso poner el nombre de la denominación común internacional (DCI) del mismo tamaño de la marca del producto. ¿Por qué generar mayor confusión en el consumidor? ¿Quién se beneficia con esta norma? ¿Qué es lo que motiva realmente al Congreso a buscar su aprobación entre gallos y medianoche?