El Pleno del Congreso aprobó, con 95 votos a favor, el proyecto de ley que amplía el plazo de revisión de los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República, establecido en la Ley 30916.
Enseguida, la propuesta fue exonerada del trámite segunda votación con 94 votos a favor.
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual de este viernes 11, que estuvo conducida por la congresista Matilde Fernández Florez (SP), tercera vicepresidenta del Parlamento nacional.
La sustentación de la propuesta (presentada por la Junta Nacional de Justicia) estuvo a cargo del congresista Walter Ascona Calderón (APP), vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Ascona Calderón expuso que el proyecto de ley está destinado a ampliar en 18 meses el plazo para proceder a la revisión de los nombramientos, rectificaciones evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República.
Precisó que el efecto será la debida organización del procedimiento de revisión en cuanto a los plazos que se requiere para que se disponga su inicio y aquellos para su resolución, de modo que permita cumplir con la finalidad de estos, como es identificar o no la existencia de graves irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, sancionando su nulidad y, de ser el caso, el cese en el ejercicio de la función asignada al administrado evaluado.
Subrayó que genera el beneficio de recuperar la confianza ciudadana en la institución y fortalecer el sistema de administración de justicia, el régimen democrático, el estado de derecho, los derechos humanos y el acceso a la justicia e independencia judicial, para contribuir en la concreción de derecho de toda persona de contar con una administración pública eficiente y proba.
“Invoco a la Representación Nacional a que respalde la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad de los malos jueces y fiscales que valiéndose de medios distintos a su propios méritos académicos y profesionales lograron la rectificación y el nombramiento o evitaron su sanción”, dijo Ascona Calderón.