Lima.- Con 84 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones el Pleno del Congreso de la República exoneró de segunda votación y aprobó hoy el proyecto de ley denominado “Ley que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de las etapas de educación básica y superior, en situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecte la vida de la nación”, que busca, entre otras cosas, regular los precios de las instituciones privadas, como colegios, pese a que esta medida ha sido considerada inviable por el INDECOPI, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.
El dictamen, que incluye once proyectos de ley, ahondará la grave crisis que viene sufriendo el sector debido a la pandemia y que ha llevado a más de 5 mil docentes a perder su empleo y que, según el Minedu, obligó a más 350 mil estudiantes a migrar de una escuela privada a una pública.
Crisis en el sector
En lo que va del 2021, el 90% de los colegios privados a nivel nacional han comenzado el año escolar con una deserción de más de 200 mil alumnos en total, según cálculos del Grupo Educación al Futuro. Este grupo de alumnos que representan el 15% han sido trasladados a escuelas públicas o escuelas privadas de menor costo.
La organización también estima que más de 3 mil colegios corren el riesgo de cerrar sus aulas a causa de la alta morosidad en el pago de las pensiones que ha llegado hasta un 40%, pese a los esfuerzos de las instituciones educativas en otorgar descuentos importantes, becas institucionales, eliminación de mora, fraccionamiento de pagos sin intereses, entre otros. Este año, el 51% de los colegios mantuvo sus pensiones con respecto a diciembre de 2020 y el 49% solo incrementó en un 6% versus el mismo periodo, evitando llegar a los montos de pre pandemia.
Medidas lesivas
En los artículos 10 y 11 del proyecto se establece que la pensión escolar no puede incluir el alquiler, la depreciación, la seguridad, los servicios públicos, entre otros. Para Jorge Camacho, vocero de Alianza de Escuelas Privadas, esta medida es arbitraria y desproporcionada debido a que no se podrá mantener el alquiler de un local si el colegio no tiene ingresos.
“Si el colegio se queda sin local pierde una de las condiciones básicas de funcionamiento y, por lo tanto, pierde la autorización para funcionar, por lo que no podrá continuar prestando el servicio ni siquiera en la modalidad virtual”, asegura.
Además, en los artículos 8.1.5. y 8.1.6. se señala que el colegio debe llegar a acuerdos con los padres de familia sobre la reducción de las pensiones y, mientras no llegue a un acuerdo, no puede imponer pensiones de forma unilateral. Es decir, en la práctica no podrá cobrar la pensión hasta que no exista acuerdo con las familias.
“La matrícula para el año 2021 ya contiene un acuerdo del monto de las pensiones por parte de los padres de familia, por lo que no tiene sentido que se nos pida volver a llegar a un consenso. Además, en el hipotético caso que no se llegue a un consenso, ¿cómo va a subsistir si no puede cobrar pensiones? Estas disposiciones afectan directamente la continuidad de la educación”, resalta Camacho.
Por otro lado, en los artículos 8.1.1., 8.1.2. y 8.1.3. se exige que el colegio debe permitir que el estudiante se traslade y reserve su vacante por el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria y hasta 180 días después de concluida. Según el vocero de Alianza de Escuelas Privadas, esto carece de sustento y razonabilidad, debido a que también afecta al estudiante.
“Se fomentaría su traslado de un colegio a otro sin completar ningún aprendizaje y afectaría innecesariamente al colegio al no poder cubrir esa vacante con otro estudiante por el tiempo que dure la pandemia y hasta 6 meses después, sin tener ni siquiera la certeza de que estos estudiantes trasladados regresen. Con esto, se obligaría a los colegios a tener aulas vacías a la espera del retorno de los estudiantes retirados, lo que económicamente no es viable”, señala.
Cabe destacar que para este año lectivo los padres que han matriculado o renovado matrícula en los colegios privados, han conocido y aceptado oportunamente los costos y el contexto en el que se dictarán las clases, evitando cambios imprevistos en las condiciones.