A fin de brindarles protección efectiva, el Poder Judicial, que preside Elvia Barrios Alvarado, dispuso la instalación del Botón de Pánico –dispositivo de auxilio a las víctimas de violencia– en los teléfonos celulares de 1264 mujeres, entre el 26 de setiembre del 2019 y el 27 de setiembre del 2021.
De las 34 cortes superiores del país, en Ayacucho 286 personas cuentan con el dispositivo en sus equipos móviles, en Sullana (174), Huánuco (86), Cajamarca (78), Lima Este (70), Lima (67), Lambayeque (62) y Callao (53).
Asimismo, en Tacna (42), Huaura (37), Amazonas (37), Puno (30), Piura (30), La Libertad (30), Arequipa (26), Moquegua (24) y Cusco (19), de acuerdo a la data proporcionada por la Gerencia de Informática del Poder Judicial.
El Botón de Pánico es un software que opera por mandato judicial en los teléfonos celulares para dar protección efectiva a las víctimas de violencia familiar en casos de riesgo severo.
El dispositivo permite que las personas que cuentan con medidas de protección, ante un caso de peligro generado por su agresor, ejecute la aplicación enviando su ubicación geográfica, en tiempo real, a la central de monitoreo, a fin de que la Policía o el Serenazgo les brinde de manera inmediata el socorro efectivo.
1792 VECES UTILIZADO
Una vez que los efectivos acuden al llamado de la víctima y esta es puesta a buen recaudo, se desactiva la alerta.
Según la información recabada, del total de personas que tienen registrado el Botón de Pánico, 425 personas activaron el aplicativo y este fue utilizado 1792 veces.
El Distrito Judicial de Sullana registra el mayor número de activaciones con 283, seguidos de Lima (268), Lambayeque (152), La Libertad (119) y Tacna (102), Huancavelica (79), Cusco (78), Moquegua (72), Apurímac (72), Callao (67), Ayacucho (66), Arequipa (50), Piura (50), Cajamarca (47).
Del porcentaje total de personas registradas con el Botón de Pánico en sus móviles, el 81.8% no lo utilizaron, y el 18.2% sí recurrió al dispositivo.
El Botón de Pánico constituye uno de los principales proyectos puestos en ejecución por el Poder Judicial para combatir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Actualmente está implementándose en las ciudades y, progresivamente, en localidades remotas del país.