La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao ratificó la sentencia vista en primera instancia, y condenó a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva a Mario Ricardo Salirrosas Peláez y José Javier Chigne Sánchez, en calidad de autores, y a Bernabé Luis Gonzales Miñan, en calidad de cómplice primario, por la comisión del delito contra la administración pública – en su modalidad de colusión en agravio del Estado peruano.
Además, el tribunal integrado por los magistrados Miguel Ricardo Castañeda Moya (presidente), Duberlis Cáceres Ramos y Fanny García Juárez, declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Pública contra la absolución en primera instancia de José Julián García Santillán, ex gerente general de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (ESLIMP CALLAO S.A.), quien también habría participado en la comisión del delito, por lo que el ex funcionario público será sometido a un nuevo juicio oral.
El tribunal condenó a Salirrosas Pelaez (ex presidente Comité Especial y Gerente de Administración de ESLIMP Callao) y a Chigne Sánchez (integrante del Comité Especial y Jefe de Abastecimientos de ESLIMP Callao) por haber concertado con Gonzáles Miñán (proveedor de la Distribuidora Romero y Gonzales Miñán) para favorecer indebidamente a la empresa como ganadora de la buena pro y la compra sobrevalorada de abono, desembolsando la suma de S/.46, 250 mil soles.
Por lo tanto, se dispuso la orden de ubicación y captura de los tres condenados y/o que se pongan a derecho ante la justicia.
Asimismo, se les impuso la inhabilitación por el plazo de un año ocho meses y el pago de S/.46,250.00 mil soles por concepto de reparación civil patrimonial y S/.10,000.00 mil soles de forma extrapatrimonial.
Corrupción de funcionarios
Mario Salirrosas y José Chigne, ambos en calidad de funcionarios ESLIMP CALLAO S.A., favorecieron indebidamente a la distribuidora de abonos “Romero y Gonzales Miñán” (humus y musgo), empresa representada por Bernabé Gonzáles, declarándola ganadora de la licitación.
El servicio costó S/.46, 250 mil soles, precio que fue sobrevalorado según el proceso de contratación, lo cual causó defraudación al Estado. Además, se evidenció que dicho servicio no se realizó.
Gonzáles Miñan había convencido a su socio Gregorio Romero Reynoso (quien también fue sentenciado pero falleció) en presentarse a la licitación con su RUC, a fin de contar con requisitos formales para participar en el proceso de contratación.
Además de los tres culpables, también se condenó a la ex funcionaria Patricia Luyo Pineda, quien aceptó los cargos en su contra en primera instancia.