Lima.- Después de varias semanas de debate, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por mayoría, la propuesta del Poder Ejecutivo que plantea incorporar como delitos contra los derechos de autor la grabación, la obtención de copias, la distribución, difusión y circulación de obras o derechos conexos, que incluye las películas en los cines u otro lugar.
Para tal efecto, se plantea modificar el artículo 217 y el literal b) del artículo 218 del Código Penal, para imponer la sanción, que ya dicta la ley, de penas de entre dos hasta seis años de cárcel, además de treinta a 90 días-multa, a quien vulnera la norma con la grabación u obtención de copias de una obra audiovisual, por cualquier medio o procedimiento, total o parcialmente, realizada en una sala de cine o en el lugar donde sea esta exhibida.
La iniciativa, que fue aprobada con once votos a favor y cuatro abstenciones, también plantea que está impedida la modificación total o parcial de las obras en mención.
Asimismo, configura una forma agravada la copia o grabación, distribución o comunicación, total o parcial, si se realiza con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica o alterando o suprimiendo el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los derechos.
De otro lado, el grupo de trabajo legislativo dejó en cuarto intermedio el predictamen de la iniciativa que propone una ley que modifica el Código Civil, para que, en el caso de los bienes no inscritos en los Registros Públicos, la partición es aprobada con documento privado con firmas notarialmente legalizadas de los herederos que representen, como mínimo, el 50 % de los derechos hereditarios.
La congresista Martha Chávez (NoA) planteó una cuestión previa para un mayor debate de una propuesta que calificó de importante y pidió que se invite a dos especialistas en esa materia.
La presidenta de la comisión Leslye Lazo Villón (AP), por su lado, coincidió en la necesidad de ampliar la discusión y planteó una cuestión previa.
REPROGRAMACIÓN
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, que había sido invitada para opinar sobre dos propuestas de ley no concurrió y se excusó, por lo que la titular de la comisión optó por reprogramar su participación.
Se trataba de conocer la posición institucional respecto de la fórmula legal de dos propuestas legislativas, contenidas en un dictamen, que propone modificar el Código Procesal Penal referido a la condena del absuelto, para garantizar el derecho a la pluralidad de instancia del condenado.
Así también sobre el proyecto de ley que plantea una ley que crea el proceso de desalojo abreviado frente a los arrendatarios morosos.