Lima.- Han transcurrido 48 horas desde que culmino el proceso de votación de las elecciones generales y, como corresponde a las competencias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se viene contabilizando los votos en la medida que las actas de las mesas de sufragio de todo el Perú y de algunos países del extranjero, van llegando e ingresando al sistema informático de la ONPE. Todo ello en presencia de las/os personeras/os de las organizaciones políticas, Perú Libre y Fuerza Popular, y de las/os observadoras/es internacionales y nacionales.
La ciudadanía en su conjunto debe tener presente que el proceso de suma de los resultados se desarrolla conforme se reciben las actas en los centros de cómputo distribuidos en todo el país. De encontrarse observaciones o impugnaciones corresponde a los jurados electorales especiales y al Jurado Nacional de Elecciones ‑en última instancia- pronunciarse sobre cada acta luego de lo cual se procederá a contabilizarla.
A juicio de la Defensoría del Pueblo, resulta fundamental que las autoridades electorales resuelvan lo pertinente sobre el contenido de las actas electorales bajo la mayor publicidad y transparencia posible, por ellos, enviamos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones un oficio recomendando se adopten todas las medidas necesarias que permitan concretar este principio.
Dada la polarización en que se encuentra el país, exhortamos a las/os ciudadanas y ciudadanos a informarse por medio de los canales oficiales de los órganos electorales. Ninguna otra información que circule en las redes o medios de comunicación tiene carácter oficial.
De otro lado, corresponde a las organizaciones políticas, a sus dirigencias y militancias, canalizar todo cuestionamiento al proceso de cómputo por medio de los procedimientos establecidos por Ley, evitando el uso de términos que no se corresponden con la necesaria prudencia esperada ante circunstancias de especial trascendencia para el país.
Desde el rol que corresponde a la Defensoría del Pueblo continuamos nuestra tarea de supervisión electoral, en aras de garantizar que la voluntad popular sea escrupulosamente respetada.