La arbitrariedad con la que viene actuando el Municipio de La Molina, poniendo trabas en el desarrollo de los procedimientos destinados a obtener la licencia de funcionamiento del centro comercial Portal La Molina, es un atentado contra los principios de seguridad jurídica y predictibilidad de inversiones consagrados en nuestra Constitución y que genera no solo un gran perjuicio económico, sino que niega la posibilidad de generación de puestos de empleo en un contexto donde se requiere reactivar la economía.

El centro comercial Portal La Molina, que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para iniciar sus operaciones, ha demandado hasta ahora una inversión mayor a los US$ 100 millones, generado más de 1,500 puestos de empleo directo e indirecto y habría significado alrededor de S/ 578 mil en tributos anuales al municipio de dicho distrito. Pese a ello, se le pone trabas para obtener su licencia de funcionamiento.

ComexPerú, como gremio empresarial que trabaja para alentar la inversión privada y generar una mayor competitividad en el país, no puede pasar por alto este atropello y hace un llamado a las más altas autoridades del país para mediar en este caso y hacer que se respete la institucionalidad y se empuje el desarrollo del país en un entorno de seguridad jurídica y predictibilidad que generen una mayor inversión privada que permita la generación de puestos de empleo, lucha contra la pobreza y una mejor calidad de vida para las personas.

LA ARBITRARIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA AFECTA NEGATIVAMENTE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y LAS INVERSIONES

En un contexto donde urge recuperar la confianza empresarial y la inversión privada como motor de crecimiento económico, le corresponde al Gobierno nacional redoblar sus esfuerzos para garantizar el Estado de Derecho, la predictibilidad y seguridad jurídica; por ello, se hace necesaria la intervención del Poder Ejecutivo para destrabar esta puesta en operación.

Asimismo, exhortamos a los señores congresistas de la República poner a debate en el Pleno el proyecto de ley 4952/2022-CR, que permitirá contar con reglas claras y predecibles que regulen las facultades y competencias de las autoridades municipales, para así evitar cierres abusivos y desproporcionados de negocios y caer en la arbitrariedad de los inspectores municipales.