En el marco de la implementación de la Política Nacional Contra las Drogas, a fin de fortalecer el trabajo multisectorial para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural del Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente; renovaron el trabajo articulado que vienen llevando a cabo para prevenir y reducir la presencia de cultivos ilícitos en el ámbito de las áreas naturales protegidas.

La renovación del convenio fue suscrita por el presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón Garrido y el jefe del Sernanp, José del Carmen Ramírez Maldonado. Esta alianza estratégica interinstitucional se inició en el año 2010 y ha contribuido en la reducción de un total de 45 695.83 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en zonas colindantes a ocho áreas naturales protegidas, mediante la implementación de acciones de prevención y reducción de cultivos ilícitos y actividades asociadas.

El presidente ejecutivo de Devida aseguró que a partir de este acuerdo se tiene un reto enorme que es erradicar la presencia de cultivos ilícitos en el ámbito de las áreas naturales protegidas, para lo cual, afirmó, es importante trabajar junto a las poblaciones que viven en estos espacios de naturaleza, sacando adelante el pacto social ciudadano con aquellos que quieren reducir sus cultivos de coca.

Por su parte, el jefe del Sernanp afirmó que, junto al interés común de ambas instituciones de cuidar estas joyas de la naturaleza, este acuerdo debe promover un plan integral que permita a las personas que dejen de lado estos cultivos ilícitos, reinsertarse mediante el desarrollo de actividades sostenibles.

Las áreas naturales protegidas en las que se implementaron estas acciones son: los parques nacionales del Río Abiseo, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, Bahuaja Sonene y Tingo María; el Bosque de Protección San Matías San Carlos y las reservas comunales Yanesha y El Sira.

Cabe destacar que el pacto social ciudadano, busca reducir voluntariamente alrededor de mil hectáreas de hoja de coca anualmente y fortalecer el desarrollo alternativo en el valle. Esta labor permitirá reducir el desvío de coca hacia el tráfico ilícito de drogas; y se impulsará una política de erradicación de cultivo de arbusto de hoja de coca, con mayor énfasis en las zonas que pongan en peligro los territorios de los pueblos indígenas, las comunidades nativas, las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, los bosques vírgenes y otras zonas que determine el Estado.

La suscripción de este acuerdo se realiza en el marco de la implementación de la “Estrategia de atención a la problemática de los cultivos ilícitos y actividades asociadas en áreas naturales protegidas de administración nacional, período 2020-2024”, que identifica 14 de estos espacios de naturaleza con presencia de cultivos ilícitos.