Lima.- Congresistas de diversas bancadas solicitaron citar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de que explique los conflictos que se vienen registrando en los campamentos mineros de varios departamentos del país.

El pedido lo hizo, el miércoles 3, la congresista Martha Moyano Delgado (FP) durante el desarrollo de ese grupo de trabajo, que preside el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP).

“En los últimos días hemos sido testigos de actos vandálicos. Se han incendiado algunos campos mineros y se ha reportado a través de medios de comunicación, por eso, es necesario se cite al titular de Energía y Minas para que informe sobre la situación, toda vez que hay una concesión con el Estado”, sostuvo la legisladora.

Agregó que el fisco pierde casi 14 millones de soles diarios por esos conflictos mineros que se vienen generando, a diferencia de las mineras ilegales que operan a vista y paciencia del Estado y que son las que contaminan los ríos y el ambiente.

“No solo es una mina, el problema es en varias minas del Perú. Es la situación actual de Antamina y Buenaventura que estarían anunciado también su cierre”, manifestó.

Moyano, además consideró incluso citar a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para que haga sus descargos sobre los conflictos mineros.

En la misma línea, el parlamentario Elías Varas Meléndez (PL) y Alberto Elera García (SP-PM) coincidieron en la necesidad de citar a los ingenieros que tienen a cargo algunas mineras como Antamina en Áncash y Caña Brava en Piura.

Varas Meléndez mencionó que existe malestar de parte de los trabajadores de Antamina producto de la renegociación de compra y venta de terrenos a las comunidades campesinas.

De igual forma, Elera García solicitó citar al gerente de Antamina Víctor Gobitz Colchado para que explique la suspensión de labores, además del gerente de la minera Caña Brava, Roco Zetola, por el incendio registrado luego de que no se atendiera las demandas de los trabajadores causando gran conmoción en los pobladores de la zona.

DENUNCIA DE REGLAJE

El grupo de trabajo tuvo como invitados a Jean Paul Arce Sáenz, supervisor de Inspectores; Eduardo Ramírez Huamán, coordinador del Grupo de Inspectores, y Jane Jansson de Ramírez, jefa zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes explicaron sobre la denuncia de presuntos reglajes a políticos y periodistas en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de funcionarios de esa institución.

Al respecto Paul Arce y Eduardo Ramírez, coincidieron en que el reporte de toda la información que se registraba a través del chat de la institución era enviado a la jefa zonal, en este caso a la doctora Jane Jansson.

“Las indicaciones era reportar cualquier tipo de incidencia dentro del aeropuerto, una de ellas era el reporte de figuras públicas. Mi compromiso era obedecer los encargos que nos da el jefe inmediato en este caso la doctora Jane Jasson como jefa de control migratorio y jefa zonal del Callao”, sostuvo el coordinador de grupo de inspectores.

Afirmó que la función de un inspector de Migraciones es hacer el control de migraciones de ingreso, salida y hacer el cobro por exceso de permanencia a las personas, además de coordinaciones con diversas entidades como la Policía Nacional del Perú en caso se detecte algún documento falso, entre otras responsabilidades que requiera el jefe inmediato.

“Yo seguí las disposiciones de lo que la jefatura me solicitaba; entre otros casos, lo que eran las incidencias como cualquier grupo de trabajo de lo que sucedía en el aeropuerto. No hubo un criterio establecido, solo nos dijeron figuras públicas”, reafirmó.

Las declaraciones se dieron en respuesta a las consultas hechas por las legisladoras Susel Paredes Piqué (SP-PM) y Martha Moyano Delgado (FP), quienes insistieron en solicitar si hubo alguna orden para el reporte de figuras públicas en el aeropuerto.

Paredes precisó que las personas que hacen política son personas públicas, pero llama la atención que en los medios de comunicación salgan los datos de sus movimientos cuando salió del país a una reunión de parlamentarios por el cambio climático.

En tanto, Moyano afirmó que no hay derecho para que alguien intervenga el celular de una persona, por lo que pidió se informe si siempre sucede lo mismo o si existe una política de Estado para tener información de las personas públicas.

Por su parte, Jane Jansson indicó que los grupos de chats de WhatsApp denominados A, B, C y D ya estaban conformados desde antes que asuma sus funciones, en los que se determinaba todo tipo de incidencia y se solicitaba a los gestores y a los coordinadores de lo que pasara en los registros de control migratorio.

“Había grupos de WhatsApp que yo tenía con los gestores y coordinadores, son cuatro supervisores y ocho coordinadores de grupo, en total doce personas con las que yo coordinada. Desconozco si han tenido subgrupos, porque yo no he tenido una injerencia en esa creación, yo no he ordenado nada. Se le ha pedido que cualquier incidencia que pudiera pasar en los recintos se pudiera informar, no ordené toma de fotografías, ningún pantallazo. La metodología era informar, pero no he solicitado capturas de pantalla para saber qué es lo que pasaba en los recintos”, puntualizó.