Considerar que una mujer esta jurídicamente obligada a continuar un embarazo por violación afecta su dignidad

Lima.- La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma Narváez, señaló que considerar que una mujer está jurídicamente obligada a continuar con un embarazo producto de una violación sexual niega en esencia su dignidad como persona humana.

En ese sentido, la alta magistrada recordó que todavía está penalizada en nuestro ordenamiento jurídico la interrupción de un embarazo cuando este tiene origen en el mencionado acto vejatorio.

“Con atino, tanto la jurisprudencia interna como la internacional la han calificado (la violación sexual) como un acto de tortura”, señaló durante el Evento Académico de Alto Nivel “Democracia y derechos: oportunidades para la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva desde el Sistema de justicia peruano”.

Este certamen fue organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial en coordinación con la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas.

Ledesma Narváez sostuvo que una persona a la que se impide autogobernarse en las decisiones de su cuerpo, sexualidad o de reproducción no es realmente libre, pues eso es lo que pasa con el tratamiento que sufren las mujeres en nuestra realidad social.

TRES JORNADAS

Durante tres jornadas, el evento de alto nivel contó con expertas y expertos nacionales y extranjeros como las argentinas Paula Siverino y Paula Medina que en una primera sesión abordaron la incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia a través de casos emblemáticos recientes.

En su exposición, Siverino consideró que resulta inmoral negar los derechos a las personas LGTBI (+), lo cual, dijo, “es tan inaceptable como la segregación racial”.

También fueron abordados los estándares interamericanos sobre los derechos sexuales y reproductivos con la ponencia principal de la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Martínez, y los comentarios de Ximena Casas Isaza, investigadora de Women’s Rights División Human Rights, y de la exministra de la Mujer, Marcela Huaita.

Durante el evento, fue tratado asimismo el tema sobre los estándares existentes para el acceso de las y los adolescentes indígenas y migrantes a los derechos sexuales y reproductivos con una ponencia de la exjueza argentina, Silvia Palacio de Caeiro.

En su exposición, esta exmagistrada recordó que las Naciones Unidas en diferentes pronunciamientos ha recomendado a los estados parte prohibir las esterilizaciones forzadas.

Por su parte, Elida Guerra Vilcapoma, coordinadora del área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), señaló que el Estado Peruano debe garantizar el aborto terapéutico para las víctimas de violencia sexual.

NIÑAS, NO MADRES

En otra jornada del evento, la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal, subrayó que “todas las personas capaces de quedar embarazadas”, tienen derecho a tomar decisiones informadas, libres y responsables sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductivas, sin discriminación, coacción ni ningún tipo de violencia.

“Este derecho está basado en la autonomía corporal y la libre determinación, garantizando a todas, el control significativo sobre la posibilidad de reproducirse o no”, agregó.

Álvarez Olazábal remarcó que todos los estados tienen la obligación de garantizar por lo menos, niveles esenciales mínimos del derecho a la salud sexual y reproductiva, lo que incluye medidas para prevenir el aborto inseguro.

Enfatizó, además, que los embarazos forzados de los que son víctimas niñas y adolescentes deben ser penalizados. “Son niñas, no madres”, enfatizó.

Por su parte, la jueza Janet Tello Gilardi, hizo una reflexión sobre los alcances del artículo 119 del Código Penal sobre el aborto terapéutico, cuando se habla que está exonerado de responsabilidad penal el caso de embarazos de niñas menores por violación.

Durante la última jornada del evento, fueron realizados tres talleres, uno de ellos sobre el derecho a la salud reproductiva de la población LGTBI (+) en el que estuvo como expositora la activista Azul Rojas.