Lima.- De todos los estados parte que conforman la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Perú muestra ante todo el mundo los mejores avances sobre el reconocimiento de los derechos de esta población en condición de vulnerabilidad.
Así lo sostuvo la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la experta mexicana Amalia Gamio, en entrevista con el programa Justicia Accesible que conduce a través del Facebook la jueza suprema Janet Tello Gilardi.
“No hay un avance nacional como el de Perú, ni siquiera en los países que llamamos desarrollados, nórdicos. Es la única reforma de los códigos (civil y penal) que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad al total, y esto no lo hace ninguna de las otras legislaciones. Perú está a la cabeza”, señaló Gamio.
La experta remarcó que nuestro país está llevando la batuta, mostrando a todos los estados parte como “sí se puede” armonizar su legislación con la referida convención, a diferencia de otros estados parte que dicen que “no se puede”.
Gamio sostuvo, además, que la pandemia por el covid-19 ha permitido darse cuenta que varios estados no han aplicado del todo bien la convención, tal como lo habían hecho creer.
“Hay avances, pero no como quisiéramos, y nos hemos dado cuenta por los ‘informes sombra’ que envían las organizaciones de la sociedad civil que son más verídicos que los que alcanzan los gobiernos”, señaló.
En tal sentido, resaltó la necesidad de que las legislaciones nacionales armonicen con la convención, para de esa manera poder derivar los derechos de las personas con discapacidad.
NUEVO PARADIGMA
Durante la entrevista, Gamio señaló que hay “un antes y un después” de la Convención de Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual constituye un nuevo paradigma.
“En la actualidad hay un nuevo enfoque que remarca los derechos humanos de las personas con discapacidad, con cero medicalismo y asistencialismo. Es un cambio totalmente radical”, remarcó.
Agregó que este cambio de paradigma defiende los derechos humanos de las personas con discapacidad como ciudadanos que merecen como cualquiera el acceso a los servicios de salud, trabajo, educación y a la justicia, pero con ciertos apoyos para estar en igual de condiciones que los demás.
Sostuvo, además, que la responsabilidad de la no inclusión no está en la deficiencia que presente una persona sino en la sociedad que le impide su inclusión.
“La responsabilidad de la sociedad con las personas con discapacidad es enorme y por ende la de los gobernantes”, anotó.
Señaló, finalmente, que el Estado está en la obligación de proporcionar a esta población ayudas como asistencia legal, intérpretes de señas, acceso con sistema Braile, formas de lectura fácil y accesibilidad a lugares a cualquier ambiente justica, entre otras.