Lima.- El Poder Judicial, a través de la Comisión de Justicia de Género, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el “Manual para el Dictado de Medidas de Protección en el Marco de la Ley 30364” (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar).
El acto realizado de manera virtual contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y de la representante residente del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Bettina Woll.
La presentación del manual estuvo a cargo del juez superior Christian Hernández, junto a un panel de comentaristas, conformado por la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, Elvira Álvarez; la decana de la Facultad de Derecho de la PUCP, Rocío Villanueva, y Gloria Manzotti, especialista del PNUD en justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos.
El manual señala las principales definiciones sobre esta problemática, las obligaciones internacionales del Estado peruano y una reseña del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Violencia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ).
Además, resalta el abordaje normativo y jurisprudencial de la situación de las mujeres, así como de las personas LGTBI, con discapacidad, indígenas u originarias y afrodescendientes.
LEY 30364
La segunda parte del texto trata sobre el proceso creado por la Ley 30364, definiendo los estándares mínimos de atención que deben seguirse en la etapa tutelar y caracterizando las condiciones que deben cumplir las medidas de protección para alcanzar su objetivo; mientras que en la etapa penal se profundiza en algunos procedimientos penales que cobran relevancia a la luz de la normatividad vigente.
Esta iniciativa surge de la necesidad de brindar a operadores/as de justicia los lineamientos que garanticen el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en la atención y protección de víctimas mujeres e integrantes del grupo familiar.
Asimismo, es el resultado de los esfuerzos realizados desde el Poder Judicial con el apoyo del PNUD, así como el reflejo del compromiso de ambas instituciones por erradicar todas las formas de violencia.
Esta herramienta será de gran utilidad a magistrados/as y personal jurisdiccional, para fortalecer el abordaje de estos casos de violencia con mayor responsabilidad y que garantice, de esta manera, la seguridad de las víctimas para que cuenten con una respuesta oportuna y de calidad, eje central de la política de gestión de este poder del Estado para la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, problema que se ha agudizado debido a la pandemia.