Defensoría del Pueblo: Las cinco regiones con más conflictos sociales en el Perú representan el 50% del total a nivel nacional

Lima.- La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 209, correspondiente al mes de julio de 2021, el cual da cuenta entre otros aspectos de 195 conflictos sociales registrados, de los cuales hay 137 activos y 58 latentes. Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (31 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22), Áncash (17), Puno (14) y Apurímac (13).

Casos por fase y tipo de conflicto

En cuanto a la fase del conflicto, el mayor número se encuentra en fase de diálogo (94) seguido, de desescalamiento (24), escalamiento (7), fase temprana (9) y crisis (3). Según la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos (127 casos) y representan el 65.1% del total de conflictos, seguido de los comunales (19 casos), por asuntos de gobierno nacional (14 casos), asuntos de gobierno local (10 casos) y asuntos de gobierno regional (9 casos). Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 63.8%.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior se incorporaron cuatro conflictos nuevos de tipo socioambiental vinculados a industrias extractivas. Uno de ellos se desarrolla la provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde las comunidades campesinas de Huininquiri, Muyo Orcco, Cancahuani, Llacca Llacca, Cruzpampa e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya iniciaron medidas de protesta en el “corredor minero”, con el fin de manifestar su rechazo a la Resolución Ministerial 372-2018-MTC, mientras no haya saneamiento legal de sus terrenos comunales, entre otras demandas.

Otro se registra en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En este caso la comunidad campesina de Choaquere señala que la empresa minera Las Bambas habría incumplido sus compromisos de responsabilidad social en los ejes de salud, educación, trabajo, desarrollo empresarial, entre otros, conforme al contrato de compraventa y de actas firmadas, así como las obligaciones ambientales de su estudio de impacto ambiental.

A ellos, se suman el conflicto social que se desarrolla en el distrito de Urarinas, en Loreto. En este caso la comunidad nativa Saramurillo advierte el incumplimiento de acuerdos asumidos por la empresa Petroperú, Municipalidad Distrital de Urarinas, Gobierno Regional de Loreto. Estos acuerdos estarían contenidos en actas suscritas en el 2018, 2019, 2020 y 2021.

También el registrado en Áncash, donde representantes de los centros poblados de Carhuayoc y Pichiu Quinuaragra, el Frente de Defensa del distrito de San Marcos y el colectivo de jóvenes distrital demandan la firma de un convenio marco con la Compañía Minera Antamina para acordar la responsabilidad social de la empresa y el incremento de beneficiarios del programa de becas de capacitación y puestos de trabajo.

Caso resuelto

En este mes se resolvió un conflicto tipo socioambiental en Junín. Este conflicto social involucra a la comunidad campesina de Quilcas y a la empresa minera Comacsa, las cuales llegaron a un acuerdo bilateral, el mismo que fue aprobado por la asamblea comunal y que, posteriormente, fue materializado en un convenio suscrito entre las partes.

En el último año, en el contexto de la pandemia, se resolvieron 17 conflictos sociales.

Diálogo

Del total de casos activos, el 68.6 % (94 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo. Del total de conflictos en diálogo, el 75.5 % (71 casos) corresponde a casos socioambientales. El uso de plataformas digitales en los procesos de diálogo a distancia frente a la pandemia recomendado por la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional en el mes de julio del 2020, pese a los contratiempos que ha conllevado para adaptarse, ha permitido dar continuidad a este mecanismo para atender la conflictividad social acumulada.

Violencia

En este mes se registraron 10 personas heridas en el marco de los conflictos sociales. Una de estas agresiones se registró en Lambayeque, donde un dirigente de la comunidad campesina de Muchik Santa Catalina resultó herido luego de ser atacado por supuestos invasores de terrenos del Área de Conservación Privada de Chaparrí. En otro caso, el vicepresidente de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu en San Martín, fue atacado por personas que realizarían actividades ilegales en el lugar. Asimismo, en Cusco, ocho ciudadanos pertenecientes a comunidades campesinas de Chumbivilcas, quienes protestaban en contra de la empresa Minera Las Bambas, resultaron heridos cuando realizaban un bloqueo de vía y se produjo la intervención de la Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, un ciudadano falleció en la comunidad campesina de San Martín de Sechura en Piura, luego que se registrara un enfrentamiento por el control de la administración de las minas de sal que hay en el lugar.

Protestas

Se registraron 171 acciones colectivas de protesta en el mes de julio, el 52.6 % fueron plantones y el 19.9 % movilizaciones.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 25 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cuatro son conflictos nuevos, 10 son casos activos y 11 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica:
https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/

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