La Zona Registral N° IX – Sede Lima de la Superintendencia Nacional de los  Registros Públicos (Sunarp), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, obtuvo la  certificación ISO 37001 gracias a la implementación del Sistema de Gestión  Antisoborno, el cual promoverá una cultura de tolerancia cero ante el soborno y  fortalecerá los valores éticos entre todos los miembros y usuarios de la institución. 

La certificación ISO 37001 es una norma internacional para los sistemas de gestión  antisoborno, diseñada para ayudar a las instituciones a establecer y mantener medidas  específicas para prevenir, detectar y abordar el soborno, ya sea dentro de la  organización como en sus diversas actividades comerciales. Esta importante  herramienta, otorgada por la empresa alemana TÜV Rheinland®, a cargo de validar el  proceso de implementación y cumplimiento, estará vigente durante los próximos tres  años y podrá ser renovada, luego de una nueva evaluación. 

En el caso de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, la certificación ISO 37001 contempla  los procesos de inscripción registral de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y  Personas Naturales; la publicidad registral de Propiedad Inmueble, Bienes Muebles (en  los servicios de Búsqueda vehicular y Boleta informativa vehicular), Personas Jurídicas  y Personas Naturales; y los procesos de soporte de Recursos Humanos, Planeamiento  y Presupuesto, Administración, Comunicaciones, Tecnologías de la Información,  Asesoría Jurídica y Defensoría. 

Los principales beneficios asociados a la implementación de la ISO 37001 son la  implementación temprana de controles financieros y no financieros, que contribuyen con  la reducción del riesgo de soborno; la adhesión proactiva de proveedores y usuarios a  las prácticas antisoborno y el fortalecimiento de la confianza entre las partes  interesadas, circunstancias que unidas contribuyen a un mejor y más eficiente  funcionamiento de la institución. 

Para la Sunarp, esta certificación constituye un logro obtenido como parte del Plan de  Integridad y Lucha contra la corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  aprobado en setiembre del 2018, el cual considera que los servidores públicos deben  conducirse de acuerdo con principios, valores y prácticas institucionales que evidencien integridad y transparencia, en beneficio de la ciudadanía.