Urge reforzar la atención integral de salud y la educación sexual integral para prevenir embarazos no planeados en adolescentes

La Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), consecuentes con el compromiso y el desafío de prevenir y reducir el embarazo en adolescentes en el Perú, presentaron los resultados de la supervisión a 57 establecimientos de salud y 70 instituciones educativas de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y Tumbes, en relación a la oferta de consejería y anticoncepción moderna para adolescentes, así como sobre la implementación de la educación sexual integral.

Dicha presentación contó con la participación del ministro de Salud, la viceministra de Gestión Pedagógica, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y Unicef en Perú, el expresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, de jóvenes involucrados en la temática.

A través del informe sobre la “Supervisión de intervenciones efectivas para la prevención del embarazo no planeado en adolescentes: educación sexual integral y acceso a anticoncepción moderna para quienes lo requieren” se presentan los hallazgos advertidos en los establecimientos de salud visitados entre el 24 de junio y el 4 de agosto de 2020; entre ellos, el 19 % (11) no brindan atención integral de salud para las y los adolescentes, asimismo el 81 % (48), no está en capacidad de ofertar una atención bilingüe en caso se requiera.

Del mismo modo, en el 91 % (52) de establecimientos de salud supervisados el personal no está en capacidad de ofertar una atención en lengua de señas. El 81 % (46) indicó que las normas establecen la obligatoriedad de los servicios de salud de ofrecer y orientación o consejería en salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes sin el consentimiento de progenitores o tutores. Sin embargo, el 9 % (5) la desconoce y el 10 % (6) considera que las normas no establecen esta obligación.

Por otro lado, de la supervisión a las instituciones educativas (II.EE.) y colegios de alto rendimiento (COAR), se advirtió que el 12 % (7) de las II.EE. no conoce que el Currículo Nacional de Educación Básica incluye competencias relacionadas con la Educación Sexual Integral (ESI), y 100 % (10) de los COAR sí conoce. Asimismo, solo 35 % (21) de las II.EE. indicaron haber recibido capacitación sobre ESI, y el 65 % (39) precisaron que no fueron capacitados en esta área.

El 77 % (46) de las II.EE. señaló que en su institución educativa se han presentado dificultades para implementar la ESI. En el caso de los COAR de Loreto, Cajamarca, Madre de Dios, Tumbes y Ayacucho, también indicaron que tienen dificultades. Del mismo modo, el 67 % (40) de II. EE. no ha identificado en la estrategia “Aprendo en Casa” contenidos sobre ESI. De los COAR, solo Ucayali identificó contenidos sobre ESI.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo indicó que es importante que el Ministerio de Salud refuerce la implementación de la Norma Técnica de Salud para la atención integral de la salud de adolescentes, así como también el Ministerio de Educación debe reforzar la implementación de la Educación Sexual Integral, tarea pendiente y desafiante que deberá asumir más aún con la reciente aprobación de los nuevos «Lineamientos de Educación Sexual Integral de la Educación Básica».

“Es fundamental que cualquier política que se haga a favor de las y los adolescentes tenga en cuenta la diversidad y características propias, principalmente, de aquellas/os que están en mayor situación de vulnerabilidad como la población adolescente indígena, afrodescendiente, con discapacidad, LGBTI, migrantes, entre otros. Por tanto, resulta urgente que los sistemas de salud como el sistema educativo, consideren a todas y todos sin discriminación”, precisó la adjunta para la Niñez y Adolescencia, Matilde Cobeña. Asimismo, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, señaló “nuestro compromiso es atender las recomendaciones del informe de la Defensoría del Pueblo para mejorar nuestra gestión en el tema de la prevención del embarazo adolescente.

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