Lima.- La vida e integridad del 10 por ciento de peruanos, es decir alrededor de tres millones 500 mil personas que presentan algún tipo de discapacidad, está en riesgo de manera permanente durante la presente pandemia por covid-19.
Así lo reveló la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, jueza suprema Janet Tello Gilardi, tras inaugurar el ciclo de conferencias: “Acceso a la justicia de las personas con discapacidad”.
“Si bien es cierto la pandemia no hace discriminación por edad, raza o sexo, sí debemos considerar que los adultos y las personas con discapacidad han sido impactadas de manera negativa, lo que les ha impedido por ejemplo el acceso de salud, que en situaciones ‘normales’ les era difícil”, agregó.
La magistrada señaló que el tratamiento de la discapacidad en nuestro país ha superado múltiples enfoques limitantes de salud y terapéuticos, así como la discriminación, marginación y desconocimiento, lo que ha permitido reconocerles la capacidad jurídica como sujetos de derecho.
Subrayó que el Poder Judicial ha impulsado diversas modificatorias desde la legislación, como en el caso de apoyos y salvaguardias en casos de interdicción, las cuales sin embargo no han avanzado a la velocidad requerida debido a la pandemia.
En tal sentido, hizo un llamado para que juezas y jueces del sistema de justicia que tienen competencias en estos casos pongan mayor empeño para atenderlos por la urgencia que requiere.
LOGROS A LA VISTA
Tello Gilardi sostuvo que, no obstante la complicada situación, desde la comisión a su cargo han sido impulsadas diversas medidas que han permitido logros visibles en favor de las personas con discapacidad.
Sostuvo, por ejemplo, el impulso de los referidos apoyos y salvaguardias, así como la publicación del Protocolo de Atención a las Personas con Discapacidad, iniciativa de la Corte de Puno que ha sido socializada por los demás distritos judiciales.
“Este documento fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y traducido al quechua, para que las personas con esta lengua originaria puedan acceder a él”, anotó.
También destacó la adopción del servicio de intérprete de lengua de señas y la implementación de los aplicativos de la alerta judicial para personas con discapacidad que coloca a través de las mesas de partes distintivos para atención prioritaria por parte de juezas y jueces.
EXPOSICIONES SOBRE EL TEMA
Cabe señalar que este ciclo de conferencias, en su primera jornada tuvo como ponente al secretario general de la Unión Latinoamericana de Ciegos, el colombiano Dean Lermen González, con el tema: “Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad”.
El especialista destacó el trabajo del Perú para garantizar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad y sostuvo que nuestro país es un ejemplo para América Latina en el reconocimiento de la capacidad legal de esta población.
“El Perú no solo transformó su ordenamiento jurídico, sino que tiene un extraordinario grupo de trabajo para plantear alternativas”, anotó.
Asimismo, la académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Renata Anahí Bregaglio Lazarte, trató el tema: “Reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.
La especialista sostuvo que el Decreto Legislativo 1384, del 2018, marca un hito para reconocer y regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aunque remarcó que hubo instrumentos anteriores en nuestra legislación.
Hoy miércoles 16 de junio, Cesar Torres Acuña, comisionado del Programa de Defensa y Promoción de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, tendrá a cargo la exposición: “Barreras del acceso a la justicia de personas con discapacidad en el marco de la pandemia por covid-19”. Por su parte, la especialista en Derecho de Familia, Illian Milagros Hawie Lora, disertará el tema: “Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad”.