No se debe retroceder en la lucha contra el trabajo infantil en el contexto de la pandemia

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría del Pueblo señaló que aún se encuentra pendiente la actualización y/o modificación de la relación de trabajos peligrosos para adolescentes por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como la adopción de medidas que consideren el nuevo contexto de la pandemia y sus implicancias en la vida de niñas, niños y adolescentes que trabajan.

Si bien en el Perú, se han dado avances en la lucha contra el trabajo infantil, cabe indicar que ya desde el 2020, el 55,7 % de niñas, niños y adolescentes que trabajaban, señalaron que no asistían a sus centros de estudios debido a problemas económicos o familiares. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esa es la principal razón por la que el grupo etario de 6 a 16 años no se encontraban matriculados o no asistieron a clases; ello incluye a los que dejaron de estudiar por dedicarse a trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.

Lo antes señalado, se condice con la crisis económica que vive la gran cantidad de familias en el país a consecuencia de la pandemia, ya que de acuerdo a diversos estudios, dicho contexto ha incrementado las condiciones de pobreza y pobreza extrema de madres, padres y cuidadores debido al desempleo, la informalidad, el cierre de los negocios, la reducción de salarios, así como la propia enfermedad. Esta situación estaría llevando a niñas, niños y adolescentes a realizar actividades económicas que ponen en riesgo su vida e integridad impidiéndoles el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como a la educación, salud, recreación entre otros.

Un reciente estudio de Unicef y la Organización Internacional del Trabajo, señala que, debido al impacto de la pandemia del COVID-19, se deben adoptar medidas de mitigación ante el incremento del trabajo infantil, de lo contrario el número de niñas, niños y adolescentes en esta situación podría aumentar de 160 millones en 2020 a 168,9 millones a finales de 2022. Asimismo, recomienda tomar medidas urgentes para volver a realizar progresos en la lucha contra el trabajo infantil, en consonancia con los compromisos y objetivos mundiales.

En ese sentido, el Estado peruano debe realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello implica actualizar la relación de trabajos peligrosos, así como reforzar los mecanismos de supervisión e inspección del trabajo infantil entre otras medidas, tal como lo hemos solicitado en forma reiterativa a las entidades competentes.

Es importante destacar que, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha declarado el año 2021 “Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil”, el cual busca brindar la oportunidad de abordar los desafíos planteados por la COVID-19 y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025, de acuerdo a la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera la obligación que tiene el Estado en todos sus niveles de gobierno de garantizar los derechos a la educación, salud y desarrollo progresivo de niñas, niños y adolescentes, especialmente de aquellos que realizan actividades económicas que ponen en riesgo su integridad, siendo necesario para ello, dar mayor impulso a las tareas encomendadas al Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) como instancia de coordinación multisectorial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *