Más de 1 millón de productos eléctricos de baja calidad y falsificados ingresan cada mes al Perú

Lima.- El impacto de la falsificación y contrabando viene generando pérdidas económicas para el país por más de 500 millones de dólares anuales, y cada mes un millón de mecanismos y productos que se usan para instalar el sistema eléctrico en las edificaciones y viviendas, entre los que se encuentran enchufes, tomacorrientes, dispositivos de protección termomagnética y diferencial, cables, pulsadorespara arranque y parada de motores, se venden en el mercado informal, todos de dudosa procedencia y baja calidad, así lo dio a conocer Orlando Ardito, Gerente General de la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú.

El representante explicó que la informalidad no solo afecta la economía del Estado, que pierde más de cinco millones de dólares por evasión tributaria, también pierden los consumidores que piensan que están haciendo un ahorro significativo, pero lo que se están llevando a casa puede ser una verdadera «bomba de tiempo», dado que los siniestros por motivos de fallas en los productos, cortocircuito, electrocución o accidente eléctrico en generalvan en aumento.

«Existe una ruta de la informalidad respecto a la comercialización de materiales eléctricos en nuestro país. Se sabe que el 90 por ciento proviene de China, Hong Kong, Tailandia y Turquía. Cuando estos productos pasan por aduana notamos una fiscalizacióndeficiente, motivado por: La falta de herramientas legales (Reglamentos Técnicos de Productos);  falta de personal y conocimiento adecuado para la detección y verificación de cientos de conteiner», comentó Ardito.

El representante del gremio explicó que existe una marcada presencia de materiales eléctricos subestándar, es decir, productos que no cumplen con las normas de calidad mínimas que se requieren, por tanto sonde baja calidad, lo que constituye un peligro para los consumidores. También están los conocidos «productos blancos», se trata de imitaciones sin marca evidente, que antes de llegar a las manos del consumidor ha sufrido un proceso de adulteración. Estos productos se venden con el nombre de alguna industria formal en el país o una marca valorada en el mercado. Es así que se genera la falsificación.

Se sabe que el 40% de las piezas subestándares que llegan al país impactan directamente a las marcas más representativas del mercado.

«Otro dato que revela el círculo de la informalidad es que el 80 por ciento de peruanos compra un producto informal por su costo, normalmente en puntos de venta donde predomina la falsificación, estos se ofrecen en 50 por ciento menos que los de marca u originales, sin embargo resulta ser un falso ahorro pues -más temprano que tarde- el consumidor termina volviendo a comprar nuevamente el producto o enfrentando un siniestro o accidente eléctrico», indicó el representante de EPEI- Perú.

Las consecuencias de la informalidad en el consumo de productos eléctricos revela cifras como: uno de cada cinco productos eléctricos instalados en una vivienda son de mala calidad; siete de cada 10 incendios son por causa eléctrica; a nivel nacional  se registran 31 incendios diarios, 75% más que hace 15 años. Pese a ello, el el 85% de los usuarios se sienten seguros en su vivienda.

Desde el lado social, el impacto de la falsificación y contrabando afecta a 158 millones de niños que trabajan en condiciones inseguras, según Unicef. Por otro lado, las estadísticas del Ministerio de Salud registran más de 35 mil quemados al año, de los cuales el dos por ciento son a causa de la electricidad (más de 700 personas).

En el mundo, la falsificación de productos eléctricos ocupa el segundo lugar después de los fármacos. Recordemos que el 70% de lo que llega al mercado peruano minorista es ilegal  y no cumple con la normativa técnica que señala el Estado, se evaden impuestos y son un peligro constante para los consumidores.

Finalmente, el representante de EPEI Perú señaló que es indispensable una adecuada supervisión de los organismos competentes para reducir la presencia de la oferta informal de los materiales de construcción en general, ya que ello podría ayudar a neutralizar su avance. “Es responsabilidad del Estado garantizar de que el usuario pueda escoger entre productos buenos y mejores, no entre subestándares y falsos. Solo el apego a la normatividad tendrá un resultado positivo frente a la informalidad, así como el derecho de vivir en un espacio seguro», acotó.

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