Solo dos casos de los más de 130 casos denunciados como feminicidio en el 2020 han recibido sentencia, mientras que este año ningún caso ha tenido veredicto aún, informó Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

“Respecto al año pasado, únicamente hemos identificado 2 casos que han sido sentenciados; sin embargo, se emitieron 25 sentencias respecto a feminicidio pero correspondientes a procesos de años anteriores, del 2019 y 2018”, señaló en entrevista con la agencia Andina.

Esta información fue obtenida tras el seguimiento de la emisión de sentencias y el vencimiento de las prisiones preventivas, “justamente para que se elimine de la sociedad la sensación de impunidad que genera este tipo de crímenes”.

Anchante destacó que el Código Procesal Penal contempla la rápida iniciación de estos procesos; de hecho, comentó, hay casos en los cuales aplica perfectamente, como cuando hubo flagrancia. «Allí los mismos feminicidas confiesan el crimen y no se requiere mayor investigación».

Una medida importante para acelerar los procesos que demanda la Defensoría es el fortalecimiento del Sistema Especializado en Justicia de Género, creado bajo la rectoría del MIMP y que está implementando una justicia especializada sobre los casos de violencia contra la mujer en todas sus modalidades.

“Al ser un sistema especializado, quiere decir que la carga procesal únicamente estaría constituida por los casos de violencia de género y los integrantes del grupo familiar y, en este sentido, podrían de alguna manera acelerarse los procesos”.

Los feminicidios no se detienen
En lo que va del 2021, la Defensoría del pueblo ha identificado 55 casos de feminicidio, además de las muertes violentas de 19 mujeres con características de feminicidio. Si las investigaciones determinan que estos últimos fueron efectivamente feminicidios, la cifra crecería.

Cabe destacar que hasta el 30 abril de este año se tuvo registrado 50 feminicidios, de los cuales el 20 % (10 casos) fueron reportadas desaparecidas previamente.

“A raíz de la pandemia, al permanecer más las mujeres en sus hogares, se han visto a merced de sus agresores. En este sentido, se ha establecido que el hogar no ha sido o es un lugar seguro para las mujeres”, afirmó Erika Anchante.

Por otro lado, la representante de la Defensoría saludó la aprobación de la Guía para el cuidado de la salud mental de mujeres violentadas por su pareja, ya que -recordó-  la Ley 30364 establece la atención de la salud de las víctimas de violencia en todos los ámbitos: física, mental y emocional. “Es importante que esta guía sea actualizada y adaptada a la realidad con estas cifras que crecen más”.

La Defensoría del Pueblo mantiene una constante labor de supervisión a nivel nacional. Respecto a los casos de feminicidio, éstos reciben seguimiento con la finalidad de asegurar que se brinde una debida atención al proceso y a las víctimas indirectas de estos crímenes.

En caso de violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece servicios gratuitos para una atención integral de la víctima. Estos son la Línea 100, el Chat 100 y los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional.