En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la Defensoría del Pueblo advirtió que, durante la pandemia por el COVID-19, se han visto limitados los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. Esta situación ha generado el incremento de la mortalidad materna, el embarazo adolescente, además de obstáculos en la atención de víctimas de violencia sexual. Por ello, se ha recomendado, tanto a las instituciones del sector salud como al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), adoptar estrategias conjuntas para garantizar adecuadamente estos servicios.
En efecto, un informe realizado por la institución señala que la priorización de la atención de las y los pacientes con COVID-19 ha generado la afectación de los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que ha ocasionado el incremento de embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes maternas. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó tres directivas en el 2020 y una en el 2021 sobre la materia, se advirtió, de manera general, que no se incorporan los enfoques intercultural e interseccional, además de no atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia de género.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo identificó que la reducción de recursos humanos, los problemas presupuestales, la reducida atención y la dificultad para poder llegar a la ciudadanía son los principales factores que originan esta situación. También, se evidenció que existe una insuficiente capacitación y sensibilización del personal de salud en la materia de salud sexual y reproductiva, sumado a diversos problemas en la atención de mujeres víctimas de violación sexual y una falta de data sobre la aplicación del aborto terapéutico.
Esta situación ocasionó la reducción de la entrega de métodos de planificación familiar, así como la escasa consejería e información sobre el tema, lo que generó un aumento de embarazos no deseados –especialmente de adolescentes– y el contagio de infecciones de transmisión sexual. Sobre la atención prenatal, también se constató que, al verse colapsados los hospitales, se vio afectada la atención de las gestantes, incluso con aquellas que contrajeron el COVID-19.
Con relación a la mortalidad materna, el Minsa advirtió que se produjo un incremento importante en las cifras. En el 2019, se reportaron 302 casos; no obstante, entre enero y septiembre de 2020, la cifra ya ascendía a 351 muertes maternas. Asimismo, durante el 2021, hasta la semana 18 (hasta el 8 de mayo), se advertía la muerte de 208 gestantes, principalmente en las regiones de Lima, Lambayeque, Callao, entre otras.
De otro lado, los casos de violencia sexual no cesaron con la declaratoria de emergencia, ya que, en los 5 primeros meses del 2020, se produjeron 6368 denuncias por violación sexual, muy por encima de las 3024 denuncias registradas en el mismo periodo del 2019. Además, solo entre enero y febrero de 2021, ya se tienen registrados 3052 casos. Esta situación se agrava tras constatar que los servicios de atención no han sido adecuados.
Debido a esta situación, se ha recomendado al Minsa y al MIMP evaluar la actualización de las políticas nacionales multisectoriales a fin de contemplar medidas para fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia. Asimismo, en coordinación con las demás instituciones competentes del sector salud, se ha solicitado adoptar estrategias conjuntas para fortalecer esta labor. Finalmente, urge establecer mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las directivas aprobadas.
Puede ver el informe “Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de estado de emergencia sanitaria por el COVID-19” en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.pdf.