Lima.- Parlamentarios de diversas bancadas coincidieron al expresar su preocupación por la situación de infraestructura, equipamiento y personal médico en establecimientos de salud en las regiones para afrontar la pandemia por la COVID-19.
Así se lo hicieron saber al titular del sector, Oscar Ugarte Ubilluz, quien participó en la sesión conjunta convocada para el lunes 17 por la Comisión de Salud y Población y la Comisión especial COVID-19.
En su intervención el congresista Jorge Pérez Flores (SP) expresó su interés por conocer a cuánto asciende el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para cerrar la brecha de equipamiento, infraestructura y recursos humanos que existe por este tiempo de la pandemia, toda vez que advirtió “tenemos la información de que 0,89 % es lo que tenemos como inversión”.
Pidió a Ugarte sensibilidad por el impacto de la pandemia. “Defienda su patria y a la cantidad de gente que se está muriendo. Seamos más humanos. No podemos ser cómplices, la gente se está muriendo, porque no tiene una cama con punto de oxígeno, no tiene una cama UCI”.
El ministro de Salud informó que el Presupuesto Institucional de Apertura del sector aprobado para el presente ejercicio fiscal asciende a 20 mil 900 millones de soles, el cual fue menor en casi 7 mil millones con relación al Presupuesto Institucional Modificado 2020.
“Se ha transferido 5 mil millones de soles más, con lo cual el sector tiene 25 mil 900 millones. Se han venido haciendo gestiones para financiar ese presupuesto”, dijo.
Precisó que se ha considerado el financiamiento del proyecto especial de inversión pública que compromete a varios proyectos en las regiones para su continuidad. “Estamos aprobando dos decretos de urgencia para financiar el caso de EsSalud y también se están financiando camas UCI y camas de alto flujo. En total mil camas de alto flujo”, agregó Ugarte.
A su turno, el congresista Luis Castillo Oliva (PP) observó que “la responsabilidad del tema presupuestal está en la cancha del Ejecutivo y no del Legislativo. Han tenido el tiempo suficiente para solucionar el tema presupuestal”, dijo.
“Hay que buscar soluciones, porque días que pasan más personas mueren no por la enfermedad, sino por la falta de oxígeno medicinal”, agregó el legislador al tiempo de informar que la ciudad de Jaén no cuenta con planta de oxígeno medicinal y los pacientes complicados se tienen que trasladar a Chiclayo, a Trujillo o a Lima. Pidió a Ugarte conocer el convenio con la UNI para la adquisición de los referidos equipos médicos.
Al respecto, Ugarte Ubilluz informó que el 30 de octubre pasado se suscribió el convenio con la UNI para la adquisición de 47 plantas de oxígeno, el cual exigía que luego de transferir el dinero, el 24 diciembre, tenían 30 días para entregar el producto, pero eso no se realizó ni en enero ni en febrero.
“La UNI entregó 18 plantas. De ellas 3 están incompletas, pero nosotros procedimos a la recesión del convenio y entramos a conciliación y fue aceptado por la UNI. Hemos pagado 42 millones de soles por 18 plantas y les dijimos que si tienen más plantas las incluyan en el proceso de conciliación y resolvamos el tema de la mejor manera entre entidades públicas”, dijo el ministro.
Agregó que la rectora de la UNI entendió y en el marco del proceso de conciliación –el 12 de mayo– se suscribió el acta de acuerdo de conciliación con la entrega de las 15 de las 18 plantas que están instaladas. Además, se comprometieron a entregar las 3 que estaban incompletas, pero además otras 4 que ofrecieron para Lima, Caraz, Oxapampa y Puno.
“Nos faltan más plantas y no tenemos inconveniente en adquirirlas también, pero serán parte de otro convenio, porque el primero se resolvió con la conciliación”, subrayó Ugarte.
A su turno, la congresista Arlette Contreras Bautista (NoA) expresó su preocupación por la situación del cáncer infantil, toda vez que –dijo– la ley se aprobó el año pasado y hasta ahora no ha sido reglamentada en perjuicio de los menores, más aún en la situación de pandemia.
El titular del Minsa informó que en la última sesión del Consejo de Ministros al impulsar políticas sociales en beneficio de la población se contempló con el MEF una partida de 250 millones para el SIS a través de un decreto de urgencia. “Entonces vamos a tener el reglamento de la ley aprobado y con presupuesto para su financiamiento”, señaló.
En su intervención, la congresista Jesús del Carmen Núñez (Frepap) preguntó sobre los hospitales temporales. “¿Cuántos se han implementado?, ¿cuántos atienden? y ¿cuál es el costo para el Estado?, ¿cuántos hospitales cuentan con cánulas nasales y en qué regiones?”.
Por su lado, Tania Rodas advirtió que lo que nosotros vemos es que hay el ventilador o está ahí la cama UCI, pero falta el recurso humano, falta la infraestructura y cuando vamos a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios o a Pronis vemos que no hay presupuesto.
Coincidió con ello el parlamentario Manuel Merino de Lama al expresar su preocupación por la falta de médicos intensivistas, por tanto, planteo la posibilidad de hacer convenios internacionales con países que ya están superando la COVID-19.
Al respecto Ugarte dijo que el tema de recursos humanos es crítico. “El Gobierno no tiene problemas en comprar camas UCI, pero no tememos los profesionales necesarios para atender en las camas UCI. Hay camas que están paralizadas, porque no hay profesionales por eso se está optando por comprar camas de alto flujo”, dijo.
Agregó que gran parte de ese déficit era no haber financiado el recurso humano. “los bonos anti-COVID-19 no se podían pagar, porque no había dinero. Se han aprobado nueve decretos por el total de mil 897 millones de soles para recursos humanos”, dijo el ministro al tiempo de precisar que a través de dos decretos de urgencia se ha destinado 210 millones de soles parea financiar 800 camas de alto flujo.
En la sesión participaron funcionarios del Ministerio de Salud y de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para responder a las inquietudes de los parlamentarios.
También, participó el coordinador general del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), Hernán Yaipén Aréstegui y la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno Vizcardo.