Ancash.- La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash exigió a la Municipalidad Provincial de Huaraz el inicio de una investigación disciplinaria que permita identificar y establecer sanciones contra el grupo de policías municipales que intervino de manera violenta a una vendedora ambulante, a quien arrebataron sus productos tras atacarla físicamente en una calle del centro de la ciudad, lo que constituiría un caso de uso desproporcionado de la fuerza pública.

De acuerdo a las imágenes divulgadas en redes sociales y medios de comunicación locales, cerca de nueve efectivos municipales irrumpieron de manera violenta en la calle donde se encontraba la comerciante, a quien despojaron sus productos lácteos para luego arrojarlos al piso, todo ello en medio de un operativo contra el comercio informal.

El hecho, que ha causado conmoción en la población huaracina, no sería sin embargo el único. Las quejas por el inadecuado actuar de los miembros de la policía municipal de la ciudad de Huaraz serían constantes. Comerciantes informales de distintos puntos de la ciudad denuncian que son arrebatados de sus productos de manera violenta y sin el procedimiento correcto, pues no se levantarían actas de intervención ni de incautación de la mercadería decomisada.

Ante esta situación, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez, precisó que los policías municipales deben de realizar su trabajo dentro del marco legal. En ese sentido, recalcó que la incautación de bienes debe efectuarse previo levantamiento de actas para la devolución posterior de los productos decomisados.

La representante de la Defensoría del Pueblo señaló también que el procedimiento del personal del municipio provincial de Huaraz viola claramente los principios de respeto y buen trato que deben tener quienes ejercen alguna autoridad, por lo que constituye también una afrenta a los derechos humanos de la población. En ese marco, como parte de las recomendaciones se instó a la autoridad municipal a establecer un cronograma de capacitaciones sobre los derechos de la ciudadanía, dirigida al personal integrante del cuerpo de policía municipal y del serenazgo local.

“Es primordial que el alcalde provincial de Huaraz adopte cuanto antes las medidas correctivas por la gravedad de los hechos perpetrados contra la ciudadana, a quien además no se le respetó su condición de persona de adulta mayor y parte de la población vulnerable”, remarcó Rodríguez.