Aprueban medidas para garantizar la continuidad de la educación


Vencido el cuarto intermedio, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría (84 votos a favor, 0 en contra y 24 abstenciones), establecer medidas para garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de las etapas de educación básica y superior, en la situación de emergencia, catástrofe o de
grave circunstancia que afecte la vida de la Nación.

La norma tiene por finalidad garantizar el derecho fundamental que reciben los usuarios en las instituciones educativas públicas y privadas, para asegurar la continuidad de la educación durante una situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecta la vida de la Nación y que impida su normal desarrollo.

La legisladora Jesús Del Carmen Núñez Marreros (Frepap), vicepresidenta de la Comisión de Educación, manifestó, durante su sustentación, que la propuesta legislativa tiene carácter multipartidario puesto que resulta de la acumulación de 11 proyectos de ley, contiene 4 capítulos, 23 artículos, 5 disposiciones transitorias complementarias, 3 disposiciones complementarias finales y 1 disposición complementaria derogatoria.

Indicó que la iniciativa tiene como fundamento constitucional una debida comprensión del régimen económico en un estado de excepción, la optimización al derecho a la educación, el principio constitucional de solidaridad y realidad socioeconómica por la que atraviesan nuestro país en un momento de crisis desencadenada por la pandemia de la COVID-19 y otras emergencias que se pudieran suscitar en el futuro.

“La propuesta no quiere decir que se desconozca la economía social del mercado en el ámbito constitucional, caracterizado en el énfasis de las libertades económicas fundamentales”, dijo.

Por su parte, el legislador Johan Flores Villegas (PM), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, señaló que la propuesta faculta al Indecopi, y al Minedu a regular, fiscalizar y sancionar los cambios y modificaciones que pueda sufrir la modalidad de la enseñanza ya sea presencial o no presencial, así como otros servicios al ciudadano.

“Es necesario regular la situación de consumo del servicio educativo escolar en situación de emergencia o grave conmoción, pues el alumnado y los padres de familia se encuentran en situación vulnerable ante la imposibilidad de que los alumnos reciban clases presenciales. Las normas vigentes no han logrado ser eficaces y han resuelto el problema surgido, existiendo padres de familia inconformes con la calidad de enseñanza que reciben sus hijos y no guardan relación con el precio que pagan por pensión escolar”, indicó.

En tanto, la parlamentaria Zenaida Solís Gutiérrez (PM), autora de uno de los proyectos de ley, indicó que se busca el encuentro y la armonía entre unos y otros al hacer acuerdos, olvidar moras y multas que persiguen a los estudiantes que los obligan a desertar.

“Lo que queremos es que les den facilidades para que continúen pagando como puedan hay que ponernos una mano en el corazón, sabemos que muchos de los padres de familia no tienen trabajo y los estudiantes tampoco pueden pagarse sus pensiones, entonces están en una situación grave”, precisó.

El parlamentario Javier Mendoza Marquina (UPP), también autor de uno de los proyectos, manifestó que ante la crisis que atraviesa nuestro país es importante la aprobación de la norma, toda vez, que muchas de las universidades privadas no han bajado sus pensiones, además hay una gran cantidad de empleo que se ha perdido.

“Más de tres millones de personas han perdido su trabajo, más de un millón de pequeñas empresas han quebrado y desde el Poder Ejecutivo no se ha tomado ninguna acción para poder ayudar a esos jóvenes que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios. Tenemos cifras alarmantes 300 mil jóvenes universitarios han dejado de estudiar, 300 mil sueños se están apagando, porque no hemos priorizado este proyecto. Y una línea similar miles de estudiantes de la educación secundaria no pueden continuar sus estudios y en la misma circunstancia de educación primaria”, señaló.

A su vez, la legisladora Martha Chávez Cossío (NoA) consideró que hay millones de personas que han perdido sus trabajos, porque sus empleadores no pudieron tampoco sostenerlos y hay centenares de miles de personas que están en condición de suspensión perfecta.

“Entiendo la buena voluntad, entiendo el tema de la solidaridad, pero ello también supone que quien puede pagar lo siga haciendo para que aquellos que no puedan pagar, puedan recibir los beneficios necesarios”, agregó.

El parlamentario Mariano Yupanqui Miñano (DD) expuso que con esta propuesta quedaría de lado la obligación que tiene el Estado de velar por la educación de los peruanos. Consideró que se está trasladando esta responsabilidad a la empresa privada, por lo que exhortó a que se revise la normativa donde el Gobierno también tenga participación.

La propuesta fue exonerada de segunda votación con 84 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones.

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