El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, expresaron su confianza en que los servicios educativos públicos y privados dirigidos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad también puedan acogerse a la norma que establece los requisitos para que los centros educativos puedan abrir sus puertas y sus estudiantes se vuelvan a beneficiar de la educación presencial.
Ana de Mendoza, Representante de UNICEF, señaló que, en este contexto de pandemia, es fundamental planificar la reapertura segura de servicios y escuelas que atienden a la población infantil con discapacidad. Destacó que “hay protocolos de bioseguridad que deben implementarse para que estos chicos y chicas puedan volver a sus escuelas de manera segura, gradual, flexible y voluntaria, reconociendo las necesidades diversas de las familias, apoyando a generar nuevas rutinas y dinámicas que favorezcan su desarrollo y aprendizajes”.
“En las grandes ciudades, los índices de contagio por el momento impiden el pronto retorno a las aulas, pero hay cientos de comunidades rurales en el país, en las que el nivel de contagio es mínimo, y por tanto es viable pensar en la reapertura de las escuelas, y así lo están comprendiendo decenas de comunidades educativas que con el apoyo de las autoridades educativas y sanitarias ya empezaron a dictar clases semipresenciales”, comentó.
La representante de UNICEF comentó que este retorno a las aulas debe incluir a las escuelas regulares que atienden a niñas y niños con discapacidad, las instituciones de Educación Básica Especial, así como a los servicios de intervención temprana que contribuyen al desarrollo de los niños y niñas que nacen con alguna discapacidad.
Por su parte, el Representante de UNESCO en Perú, Ernesto Fernández Polcuch, señaló que “los actores educativos, respaldados por el consenso internacional, tienen claro que el esfuerzo de la educación remota no brinda todos los resultados y beneficios de la educación presencial, lo que es especialmente grave para las poblaciones que tienen dificultades para acceder a la educación remota”.
Fernández Polcuch enfatizó en “la necesidad de tomar acción para superar las barreras reales y también los temores asociados a la reapertura para poder permitir el retorno flexible y seguro a las aulas”. Del mismo modo, saludó los esfuerzos del país de dar prioridad al retorno presencial de grupos poblacionales que se beneficiaran de la reapertura como son los niños pequeños, los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad y los adolescentes que están por egresar del sistema en las zonas rurales donde existen condiciones de sanidad para asegurar el retorno seguro a las aulas.
Ambos representantes de los organismos internacionales coincidieron en señalar que mantener suspendidos los servicios educativos presenciales pone en mayor riesgo a las niñas y niños pequeños, sobre todo a aquellos con discapacidad, pues están en una etapa crucial para su desarrollo. Recordaron, que la intervención y detección oportuna durante los primeros años puede impactar en su calidad de vida, desarrollo cerebral, capacidades, oportunidades de aprendizaje y dejar huellas para un buen comienzo de la vida.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2019 solo 43.3% de las niñas y niños con discapacidad que tienen entre tres y cinco años de edad, asisten al colegio. En el caso de los chicos y chicas con discapacidad que tienen entre 6 y 11 años, solo lo hace el 75%; y entre las y los adolescentes solo lo hace el 45%.