Proyectos mineros de capitales chinos en Perú incurren en la violación de derechos humanos

Lima.- Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), conformado por 21 organizaciones de cinco países: Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Bolivia, pone en evidencia pone en evidencia el patrón de comportamiento de 18 proyectos financiados por empresas de capitales chinos en territorios de América Latina.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno, esto no es sólo responsabilidad de las empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

El informe comprende cuatro casos de empresas mineras chinas en el Perú: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura; proyectos que representan más de 17 mil millones de dólares de inversión en el Perú, el informe sustenta que estos cuatro casos vulneran derechos humanos, derechos laborales y sindicales, el derecho a la tierra y el territorio, entre otros. El más grande proyecto minero en Perú, proyecto Las Bambas, tiene cuatro víctimas mortales y la criminalización a los defensores ha llegado a su punto más alto: La Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho (Apurímac) ha solicitado hasta 17 años de prisión a 19 dirigentes que participaron en una protesta contra la mina por no estar de acuerdo con una modificatoria sustancial del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina.

Desde el 2015, la mina transporta (370 camiones diarios) minerales y sustancias químicas por una carretera sin pavimentar y sin EIA, que viene afectando la salud de la población de 18 comunidades campesinas, contamina el agua, los cultivos, animales, el pasto y la producción local, desde hace tres años las poblaciones han denunciado que viven bajo el polvo, ruidos y vibraciones. Además la mina opera bajo permanente estado de emergencia, suspendiendo derechos constitucionales, como el libre tránsito y la seguridad personal y desde el 2016 el gobierno nacional y la empresa minera han suspendido inconsultamente la Mesa de Diálogo.

En el caso del proyecto Toromocho, operado por la minera Chinalco, el conflicto por el reasentamiento minero se mantiene latente, por un lado, las personas reubicadas en la nueva ciudad denuncian el incumplimiento del EIA del Reasentamiento, el cual forma parte del EIA del proyecto Toromocho. La población sostiene que el reasentamiento lejos de mejorar su calidad de vida, ha venido deteriorándola debido a que no cuenta con condiciones para desarrollar actividades económico-productivas que permitan el sustento diario de las familias.

Así mismo, señalan que Nueva Morococha ha sido construida en una zona de alto riesgo ambiental, debido a la cercanía con una laguna de relaves y al hecho de haber sido construida sobre un bofedal (pantano) que hace que exista un alto porcentaje de humedad con los consecuentes impactos en la salud de la población. Actualmente, en la Antigua Morococha todavía se encuentran viviendo entre escombros más de 60 familias, quienes no quieren reubicarse en la nueva ciudad, debido a la ausencia de oportunidades laborales y la falta de condiciones de salubridad.

César Reyna, Asesor del Frente de Defensa del Distrito de Morococha, denuncia que recientemente ha habido enfrentamientos entre los ciudadanos que aun habitan en antigua Morococha y los trabajadores de Chinalco, debido a que la empresa minera viene demoliendo ilegalmente (sin permisos) ambientes que aún son propiedad de la Municipalidad Distrital de Morococha.

“Mientras que la empresa minera señala que ha cumpliendo con el reasentamiento, sin embargo hay 65 familias aún están en Antigua Morococha, porque diversos organismos de Estado han identificado que en Nueva Morococha hay exposición de siete metales, y hay fallas geológicas, por esa razón nos resistimos a trasladarnos. Lo que hace la mina es explotar por encima de la población que aún estamos en Antigua Morococha, hay detonaciones fuertes todos los días, sin respeto a la población”, señala pobladora de Antigua Morococha, Rossy de la Rosa.

En el caso de la mina Marcona operada por la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la empresa estatal china Shougang Group, uno de los principales problemas es que a pesar de que Shougang tiene una alta rentabilidad en sus operaciones, las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores no son las adecuadas. Mientras que las utilidades de la empresa bordean en promedio los US$ 1 mil millones anuales, los salarios de los trabajadores representan aproximadamente US$ 50 millones. Los trabajadores de Shougang denuncian una serie de violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias. Shougang ha negado reiteradamente el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

“Las remuneraciones que Shougang otorga están por debajo del promedio de la gran minería; además, las condiciones de trabajo son precarias y se producen despidos y amenazas a los trabajadores de manera permanente”, sostiene Nelly Ledesma, Asesora de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Así, la empresa china Shougang mantiene un historial de prácticas que vulneran los derechos laborales desde hace 26 años con un récord de 16 huelgas indefinidas. Actualmente los trabajadores están entrando a su tercera semana de huelga indefinida en Marcona, demandando a la empresa un incremento salarial y la no división en escalas entre trabajadores antiguos y recientes. El aumento fue negado por la empresa, prolongando la huelga que continúa sin solución.

“Desde el 2013 la empresa Shougang tiene multas interpuestas por la Sunafil por más de un millón de soles, por incumplimientos de convenios colectivos, normas legales y derechos de los trabajadores, y que el Estado hasta hora no ha cobrado, porque las empresas apelan y dejan de pagar, además no se cumple con los laudos arbitrales impuestos por las autoridades peruanas. Todos los años los trabajadores mineros que participan o apoyan huelgan somos denunciados por la Fiscalía”, señala Julio Ortiz, ex dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros

Finalmente, el caso del proyecto minero Río Blanco operado por el consorcio chino Zijin, es un proyecto que tiene como antecedente la usurpación de tierras. Las comunidades directamente afectadas por el proyecto Río Blanco son: las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) en Piura y las comunidades y poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), en tanto el principal río de dicha localidad (Chinchipe) tiene sus nacientes en los páramos y bosques de neblina de ésta zona.

Los pobladores de las comunidades campesinas afectadas siempre han basado su desarrollo socioeconómico en la actividad agrícola, en la agroexportación, en el turismo ecológico. Uno de los ecosistemas más importantes de la zona es el páramo, que sirve de colchón natural de absorción, mantenimiento y distribución de las aguas originadas por los bosques de neblina. De realizarse la actividad minera se afectaría irreversiblemente este ecosistema.

En Perú, las organizaciones que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), son: CooperAcción, Aprodeh, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Perú Equidad, EarthRights International, Veecht Mee Tegen Onrecht, Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas.