Financiamiento público a partidos empezaría a regir a partir del 2017

Solo los partidos políticos que obtengan representación en el Congreso de la República podrán recibir del Estado financiamiento público directo, a partir del ejercicio presupuestal del 2017, equivalente al 0.1 % de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sería la encargada de elaborar la propuesta de distribución a los partidos y alianzas, sobre la base de los resultados de las elecciones generales del 2016, y presentarla al MEF con la debida antelación.

Así lo plantea el proyecto de ley sancionado por el Pleno el jueves 1 por el cual se modifica la Ley de Partidos Políticos 28094, vigente desde noviembre del 2003. Además, propone denominar en adelante ‘Ley de Organizaciones Políticas’.

De acuerdo con la norma vigente, los fondos que se otorguen con cargo al Presupuesto General de la República, serán recibidos por los partidos políticos para ser utilizados en actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a las elecciones, y para sus gastos de funcionamiento ordinario.

El dictamen precisa también los fines y objetivos de los partidos.  Además de los ya establecidos en la ley vigente, deberá incluirse los de realizar actividades de educación, formación y capacitación, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas.

Además, señala que el acta de su fundación deberá incluir una declaración jurada de cada uno de los fundadores donde conste su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al estado constitucional de derecho y a las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución Política.

Advierte, igualmente, que los fundadores no podrán estar procesados o condenados por delitos de terrorismo y/o tráfico ilícito de drogas.

En otras de sus disposiciones, el dictamen sugiere también la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, al cumplirse un año de concluido el último proceso de elecciones generales, de las organizaciones que no hubiesen alcanzado al menos seis representantes al Congreso, o haber alcanzado al menos un 5 % de los votos válidos a nivel nacional.

Lo mismo ocurriría con las que no participen en dos elecciones generales sucesivas. De existir alianzas entre partidos o movimientos, ese porcentaje de votos válidos se elevaría en un 1 %, por cada partido o movimiento adicional, según corresponda.

Respecto a la modalidad de elección de los candidatos al Congreso, al Parlamento, a consejeros regionales y regidores, el proyecto propone que esté conformada al menos en sus tres cuartas partes por ciudadanos elegidos en elecciones internas, y una cuarta parte podría ser designada directamente por el órgano del partido que disponga su estatuto. Esta facultad será indelegable.

 

Propaganda electoral

El dictamen, cuya autógrafa será remitida al Presidente de la República para su promulgación, incorpora un artículo en la Ley 28094, con la finalidad de normar todo lo relacionado con la propaganda política.

Así, plantea que, en el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas estarán prohibidas de entregar, prometer u ofrecer dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros.

Sólo serían exceptuados los que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberá exceder de un 0.5 % de la UIT el valor de cada bien entregado como propaganda.

Esa conducta será considerada como grave y sancionada con una multa de 100 UIT impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en un plazo no mayor de 30 días.

La prohibición se extendería a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado con su exclusión del proceso electoral correspondiente.

La autógrafa precisa, además, que la propaganda política y/o electoral de las organizaciones políticas y de los candidatos deberá respetar los principios de legalidad, respetando las normas constitucionales y legales; de veracidad, para no inducir a los electores con propaganda falsa o engañosa; y de autenticidad, revelando su verdadera naturaleza y no ser difundida con la apariencia de noticia, opinión periodística o material educativo o cultural. (JVS)